Violentos enfrentamientos en la Ciudad de México arrojaron un saldo de al menos 120 personas heridas, entre ellas un centenar de agentes de policía, marcando una escalada significativa en las protestas contra la inseguridad y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La tensión alcanzó su punto crítico este sábado por la noche frente al Palacio Nacional, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a miles de manifestantes, movilizados mayoritariamente por grupos juveniles identificados como Generación Z, luego de que estos lograran retirar partes del vallado perimetral que protege la residencia presidencial.
Mientras el secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, confirmaba la detención de 20 personas acusadas de delitos como robo y agresión, la narrativa oficial del gobierno se centró en deslegitimar el origen de la movilización. La presidenta Sheinbaum desestimó la espontaneidad de las marchas, que se replicaron en ciudades como Guadalajara, atribuyéndolas a un financiamiento de políticos de derecha opositores a su gestión. En declaraciones previas a los incidentes, la mandataria ya había calificado la convocatoria como una maniobra fomentada por bots en internet, argumentando que la ciudadanía debe conocer la organización detrás de estos actos para evitar ser utilizada, a pesar de afirmar su respeto por la libertad de expresión.
El malestar social encuentra su catalizador en la persistencia de la violencia política, exacerbada específicamente tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ejecutado a tiros el pasado 1 de noviembre durante una celebración del Día de los Muertos. Manzo había construido un perfil público denunciando abiertamente la presencia de cárteles de la droga en su municipio y exigiendo acciones contundentes contra los grupos criminales. Su figura se convirtió en el símbolo de la protesta, donde los manifestantes portaron sombreros vaqueros y pancartas con la consigna Todos somos Carlos Manzo, confrontando directamente la estrategia federal de seguridad pública.
Si bien Sheinbaum sostiene niveles de aprobación superiores al 70 por ciento en su primer año y reivindica avances contra el tráfico de fentanilo, su gestión enfrenta cuestionamientos críticos por la incapacidad de detener la violencia que azota al país. Este deterioro interno se suma a un frente externo complejo, evidenciado por la reciente decisión del Congreso de Perú de declararla persona no grata tras la ruptura de relaciones diplomáticas por el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez, configurando un escenario de creciente hostilidad tanto en las calles como en el ámbito diplomático. (Agencia OPI Santa Cruz)