El gobierno provincial decretó por 30 días la emergencia climática tras los intensos vientos que azotaron el territorio santacruceño durante las jornadas del 15 al 18 de noviembre con ráfagas entre los 120 a 150 kilómetros por hora que provocaron innumerables daños en viviendas, comercios, construcciones, embarcaciones, infraestructura vial y en la vía pública, junto a la suspensión de clases y actividades de la administración pública.
Las situaciones más críticas se vivieron en las localidades del norte provincial donde hubo cientos de intervenciones de Bomberos y Protección Civil, además de Servicios Públicos, Vialidad Provincial y los servicios municipales.
El decreto publicado en Boletín Oficial señala que la Junta Provincial de Protección Civil estará en sesión permanente, un mecanismo previsto en la Ley 3127 para situaciones en que la información y la toma de decisiones deben actualizarse minuto a minuto.
Estará integrada por las áreas provinciales con injerencia directa en la contingencia, entre ellas: Protección Civil (como coordinador operativo), Servicios Públicos Sociedad del Estado, Vialidad Provincial, Policía Caminera, Consejos agrícolas y organismos técnicos del interior, áreas municipales a través de sus propias juntas locales.
El decreto permite tomar medidas administrativas extraordinarias y durante la vigencia de la emergencia, organismos como Servicios Públicos, Vialidad Provincial, el Consejo Agrario, IDUV, los ministerios de Gobierno, Seguridad, Producción, Energía, Trabajo y Desarrollo Social quedan “exentos de las limitaciones habituales en materia de contrataciones, obras públicas y administración financiera”.
Durante los días de vigencia se podrán incorporar personal temporario, realizar contrataciones directas para bienes, servicios y obras urgentes, firmar convenios con particulares o entidades provinciales para la asistencia, reorganizar presupuestos de manera acelerada. (Agencia OPI Santa Cruz)