(OPI TdF) – Mientras la economía real de Tierra del Fuego cruje bajo el peso de la recesión, la caída del consumo y el cierre de persianas, la respuesta política permanece estancada en disputas burocráticas. La Cámara de Comercio de Río Grande, presidida por José Luis Iglesias, ha elevado un reclamo contundente ante la parálisis de la Legislatura provincial, que el pasado miércoles 19 de noviembre fracasó en sesionar debido a una medida de fuerza del gremio legislativo APEL. La falta de actividad parlamentaria ha bloqueado el tratamiento de dos herramientas vitales para la supervivencia del sector: un plan de regularización de deudas impulsado por el Ejecutivo y un proyecto de suspensión de ejecuciones fiscales diseñado por La Libertad Avanza (LLA).
El escenario expone la desconexión entre los tiempos de la política y las urgencias del privado. Iglesias fue lapidario al describir la situación: “Mientras se pelean entre ellos, al ciudadano común lo está matando la realidad”. El dirigente mercantil subrayó que la inacción legislativa ocurre precisamente cuando hay proyectos en agenda críticos para el sostenimiento económico del sector, hoy asfixiado por la presión tributaria de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y la baja actividad comercial. Hasta el momento, no existe una fecha cierta para retomar la sesión frustrada, dejando a los contribuyentes en un limbo administrativo.
El proyecto oficial: La caja por delante
El oficialismo intentaba dar ingreso a un “Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas”. Este esquema, pragmático y con fin recaudatorio, busca sanear las cuentas públicas permitiendo a los contribuyentes ponerse al día con obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2025. El plan abarca todos los tributos del Código Fiscal Unificado y exige el allanamiento incondicional del deudor, quien debe renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial previo y asumir las costas legales.
Los beneficios varían según el tamaño del contribuyente. Para los pequeños contribuyentes (base imponible anual hasta 2.000 millones de pesos), se ofrece una remisión del 100% de intereses si se paga al contado, con escalas decrecientes hasta en 60 cuotas. Los grandes contribuyentes, en cambio, acceden a una quita del 50% en pago único y financiaciones más cortas, de hasta 36 meses. El interés de financiación se fijó en un máximo del 2,50% mensual, excluyendo expresamente a deudores con denuncias penales o retenciones no ingresadas.
La propuesta opositora: El escudo legal
En paralelo, y trabajado en conjunto con la Cámara de Comercio, el bloque de La Libertad Avanza presentó una iniciativa de carácter defensivo: la suspensión de ejecuciones fiscales por un año. A diferencia del proyecto del Ejecutivo, que busca cobrar, este proyecto busca evitar la quiebra. La medida instruye a la AREF a detener el inicio y continuidad de juicios contra comerciantes cuya base imponible en 2023 no supere los 1.000 millones de pesos.
Un dato clave de esta propuesta es que amplía el paraguas de protección más allá de los impuestos provinciales, autorizando también a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a suspender acciones judiciales contra sus usuarios. La iniciativa también contempla la suspensión de los plazos de prescripción, otorgando un respiro legal sin extinguir la deuda, en un intento por frenar la sangría de locales comerciales que hoy define el paisaje urbano de Río Grande. (Agencia OPI Tierra del Fuego)