(OPI TdF) – Tras semanas de tensión sorda en los pasillos parlamentarios, la presidencia de la Legislatura logró destrabar el funcionamiento institucional mediante la herramienta más pragmática: la caja. El acuerdo salarial sellado ayer con la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL), que cubre los meses de noviembre, diciembre y enero, funcionó como la llave maestra para desactivar las medidas de fuerza y garantizar el quórum. Con el frente interno pacificado, el parlamento fueguino se prepara para una sesión clave que definirá el reordenamiento del mapa político local con la aceptación de la renuncia de Agustín Coto, quien dejará su banca para asumir como Senador de la Nación, habilitando así el juramento de Luciano Selzer en el bloque de La Libertad Avanza.
Sin embargo, la reactivación legislativa trae consigo una disputa de fondo mucho más compleja que el enroque de nombres: la crisis fiscal y la necesidad de recaudación. La Comisión de Economía se reunirá hoy para tratar dos proyectos de regularización de deudas tributarias que exponen visiones contrapuestas sobre el manejo de los pasivos fiscales. Por un lado, la iniciativa del Poder Ejecutivo, más restrictiva y recaudatoria; por el otro, la propuesta de La Libertad Avanza, diseñada a medida de los reclamos de la Cámara de Comercio de Río Grande y la Cámara Fueguina de la Madera. Lo llamativo del proceso es la flexibilidad procedimental selectiva de los legisladores: se habilitó el tratamiento en comisión de estos proyectos sin estado parlamentario, un “cambio de criterio” que contrasta con la rigidez aplicada previamente por la oposición para frenar el debate del presupuesto provincial 2026.
La batalla técnica en la Comisión de Economía, que contará con la presencia de la AREF y representantes del sector comercial, se centrará en la generosidad del perdón fiscal. Mientras el Ejecutivo propone un corte de deuda al 31 de agosto de 2025 y excluye tajantemente las retenciones y percepciones no ingresadas —dinero que los agentes retuvieron a terceros y no giraron al fisco—, el proyecto libertario extiende el paraguas hasta el 31 de octubre e incluye estos conceptos, ofreciendo una amnistía más amplia a quienes se financiaron con fondos del Estado.
Las diferencias en los planes de pago terminan de delinear los intereses en pugna. El oficialismo provincial plantea un esquema de hasta 60 cuotas para pequeños contribuyentes y 36 para grandes, con tasas de hasta el 2,50% mensual. En contraposición, la propuesta de La Libertad Avanza, alineada con el sector privado, busca estirar los plazos hasta 84 y 48 cuotas respectivamente, manteniendo tasas preferenciales. La resolución de este conflicto determinará no solo el flujo de caja de la provincia para el cierre del año, sino también qué sector —el político o el empresarial— logra imponer sus condiciones en una Legislatura que, hasta ayer, estaba paralizada por salarios. (Agencia OPI Tierra del Fuego)