El ecosistema fabril de Tierra del Fuego atraviesa una de sus crisis más agudas desde la vigencia del régimen de promoción industrial, atrapado en una tormenta perfecta de recesión, apertura comercial y desregulación. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, expuso la gravedad de un escenario que ya contabiliza una pérdida estimada de 10.000 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei, lo que representa el 10% de la fuerza laboral provincial. Mientras la actividad metalúrgica se desploma un 4,6% interanual, el senador electo de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, calificó de “disparatados” los reclamos del sector, validando la política de importaciones bajo el argumento de la “ineficacia productiva“.
Los datos duros del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA revelan que la leve recuperación mensual del 0,3% en octubre resulta insignificante frente al retroceso acumulado. En lo que va del año, el sector apenas registra un crecimiento marginal del 0,1%, habiendo perdido todo lo recuperado a mediados de 2024. Del Re advirtió que la situación en la isla es más crítica que el promedio nacional debido a su dependencia estructural de la manufactura. El directivo señaló el ingreso de productos asiáticos a precios subsidiados y la entrada de mercadería por el norte del país como una “competencia desleal” que, sumada a la caída de aranceles, amenaza la sustentabilidad del régimen fueguino. “Queremos competir, pero en igualdad de condiciones. Así es imposible“, sentenció, alertando sobre el efecto dominó que esta parálisis genera en el comercio y los servicios locales.
En contraste directo con la alarma empresarial y sindical, el oficialismo nacional, en voz de Monteverde, ratificó el rumbo económico. El parlamentario que acompañó la lista de Patricia Bullrich defendió la apertura irrestricta de fronteras comerciales y responsabilizó a las propias empresas por su falta de competitividad, desestimando el impacto de la política arancelaria sobre el empleo local. Esta postura expone la tensión central que vive la provincia: la colisión entre el modelo proteccionista histórico de la Ley 19.640 y la visión de mercado abierto que impulsa la Casa Rosada.
El deterioro macroeconómico ya tiene rostros visibles en el sector textil, el eslabón más débil de la cadena productiva actual. La firma Sueño Fueguino, instalada en Río Grande, confirmó el despido de 35 operarios —30 temporarios y 5 efectivos— y puso en duda la continuidad de otros 130 trabajadores. La compañía denuncia un bloqueo administrativo y aduanero que mantiene inmovilizadas 700 toneladas de mercadería terminada en 25 camiones, impidiendo su distribución y exportación. Mientras los gremios exigen una mesa de diálogo urgente con el Ministerio de Trabajo y el Gobierno para evitar que la crisis se vuelva irreversible, la realidad marca que el desmantelamiento de la estructura industrial fueguina avanza a un ritmo que las medidas de contención no logran frenar. (Agencia OPI Tierra del Fuego)