Ingresó a la Legislatura provincial con copia a cada presidente de los distintos bloques que conforman la misma, el Oficio N° 18/25 firmado por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, solicitándoles la urgente revisión del crédito presupuestario asignado al Poder Judicial en el Proyecto de Ley de Presupuesto APP 2026 enviado por el Poder Ejecutivo Provincial el cual analizamos en un informe anterior.
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El Tribunal Superior de Justicia advierte en el largo informe de 3 páginas, que el Proyecto de Ley actual asigna un crédito presupuestario que está 32 % por debajo del Anteproyecto elaborado por el Poder Judicial y enviado oportunamente al Poder Ejecutivo; es decir, el gobierno provincial pidió un tercio menos del cálculo presupuestario que hizo la Justicia.
Esta reducción, señala la Dr Fernández, ignora los cálculos presupuestarios solicitados formalmente por el Tribunal (Oficio N.° 18/25), a pesar de que la Oficina Provincial de Presupuesto comunicó expresamente la posibilidad de requerir financiamiento adicional a los techos fijados.
La reducción presupuestaria, señala el escrito, implica desconocer la realidad de los costos operativos y de infraestructura elementales del Poder Judicial. Las erogaciones proyectadas, señala el STJ, no son gastos discrecionales, sino necesidades básicas para sostener la estructura mínima de funcionamiento.
Inversiones y Recortes Críticos
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 registra asignaciones considerablemente inferiores a las proyecciones del Poder Judicial, con importantes recortes en áreas claves que la Presidente del Cuerpo enumera y vamos a reducir para su fácil lectura y comprensión.
Infraestructura y Mantenimiento
La asignación de recursos en la Fuente de Financiamiento 11 (Tesorero Provincial) para construcciones, fue cero (0) en los dos últimos presupuestos y se redujo en un 100% nuevamente para el ejercicio 2026.
Esta falta de inversión, tal lo detalla el documento que recibieron los jefes de Bloques, ha llevado a la declaración de Emergencia Edilicia por insuficiencia de espacios físicos.
La insuficiencia de recursos impide al Poder Judicial llevar a cabo un plan de mantenimiento preventivo, lo que multiplica los costos de reparación.
Tecnología (Bienes de Uso)
Los recursos para bienes de uso, planteado en el Presupuesto 2026, no permitirán adquirir nuevos equipos informáticos ni renovar los existentes, comprometiendo seriamente la reversión de la emergencia informática.
Sin recursos suficientes, será imposible sostener la implementación de nuevas tecnologías, sistemas de seguridad y software, afectando la prestación del servicio de justicia, anuncia el escrito que intenta concientizar a los diputados encargados de decidir (aprobar o rechazar) el Presupuesto 2026 del Poder Ejecutivo.
Reducciones Cuantificada
Los incisos referidos a Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de Uso presentan una reducción de $ 2.319.992.092 respecto de los importes presupuestados por el Poder Judicial.
El inciso Gastos en Personal presenta una reducción de $ 64.615.438.470 en relación con los montos pedidos. Remarca la nota de la Presidente René Fernández que stos recursos son insuficientes para afrontar los compromisos salariales asumidos en Actas Paritarias vigentes y los ajustes conforme a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Riesgos y Solicitud
Se destaca en la nota a los diputados, que el Presupuesto Preliminar 2026 se formuló considerando valores y precios vigentes al momento, conforme a los “Lineamientos Generales de Política Presupuestaria 2026“. Por ello, se infiere que las estimaciones deberían readecuarse por el contexto inflacionario y nunca ser disminuidas.
El texto señala “Aprobar el proyecto en estos términos obligaría al Poder Judicial a funcionar con un esquema de recursos que no contempla la inflación proyectada ni los costos reales de mercado, lo que genera una situación de incertidumbre absoluta para la ejecución del año 2026. El servicio de justicia no puede seguir afectado por recortes que desatienden necesidades básicas”.
El oficio concluye apelando a la responsabilidad institucional de la Cámara de Diputados y les solicita puntualmente rectificar los recortes advertidos antes de la sanción de la Ley y adecuar el crédito presupuestario a la estimación realizada en el Anteproyecto 2026 del Poder Judicial, el cual refleja los recursos necesarios para su funcionamiento, recordando que en este momento está en Comisiones, que es la fase de revisión en la cual les permite a los legisladores revisar, modificar o cuestionar los contenidos del mismo.
Y la Dra Reneé Fernández cierra el escrito a los diputados alegando:
El servicio de justicia no puede continuar siendo progresivamente afectado por recortes presupuestarios que desatienden necesidades básicas de funcionamiento. Solicitar al Poder Judicial la estimación de sus gastos carece de sentido si posteriormente no se le otorga, a nivel estatal, la importancia que corresponde a dichas proyecciones.
La independencia del Poder Judicial y su capacidad de cumplir con la función constitucional de administrar justicia dependen directamente de que se le provean los recursos necesarios para su funcionamiento. Esta responsabilidad compete tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)