(OPI TdF) – El Consejo Provincial de Medio Ambiente de Tierra del Fuego respaldo mediante un documento la vigencia de la norma que restringe la explotación de cría en cautiverio de salmones en aguas lacustres y marinas de la jurisdicción provincial.
El órgano consultivo resolvió defender la vigencia de la norma sancionada en julio de 2021 y señala que la propuesta del Poder Ejecutivo “representa un retroceso en materia ambiental”.
Además, se cuestionó que “no se haya garantizado una amplia participación ciudadana”.
El gobierno de Gustavo Melella impulsa la derogación de la ley N°1355 y presentó en la legislatura una propuesta de marco normativo para regular la acuicultura.
La titular de la Secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego y presidenta del Consejo Provincial de Medio Ambiente, Andrea Bianchi presentó el Dictamen CPMA N° 002/2025, donde el organismo señala que “ese corrimiento institucional representa un riesgo de fragmentación en la gestión, ya que el ambiente debe entenderse como un sistema integral, complejo y único”.
El documento sostiene que “la gestión ambiental no admite abordajes sectoriales que debiliten controles o desdibujen responsabilidades”.
El dictamen apela a principios del derecho ambiental con jerarquía constitucional y legal, como no regresividad, precaución y prevención, y cita marcos normativos provinciales y nacionales, entre ellos la Constitución fueguina y la Ley General del Ambiente 25.675, como sustento de la obligación de mantener y fortalecer niveles de tutela ya alcanzados.
Allí recuerdan que los alcances de la ley 1355 “busca asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos, alineada con los principios rectores de la Ley Provincial 55 (Medio Ambiente), 244 (Pesca) y 1126 (Recursos Hídricos)”.
También indican que la norma vigente “fue resultado de un proceso participativo iniciado en 2018, con intervención de organizaciones de la sociedad civil, instituciones científico-tecnológicas y académicas, además de áreas técnicas del Poder Ejecutivo, en el marco del tratamiento en comisión de la Legislatura”.
Recuerdan que la norma contempla modalidades de producción artesanal controlada de especies como la trucha arco iris, la trucha marrón y la trucha de arroyo, con un tope de 50 toneladas anuales, y que “la prohibición se orienta específicamente a la acuicultura en ecosistemas lacustres y marinos, quedando la producción en tierra sujeta a las reglas del uso consuntivo del agua establecidas en la ley 1126”.
Al analizar la propuesta del Poder Ejecutivo señalan que sus objetivos “implican un cambio regresivo, en tanto el ambiente debe ser entendido como un sistema complejo y único en el cual su gestión y abordaje no puede ser fragmentada”, que además colisionaría con “los principios rectores de la ley General del Ambiente N°25.675 en relación con el desarrollo sostenible de las actividades productivas”.
El documento lleva la firma de la representante de la Legislatura, de la ONG Manekenk, del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)