(OPI TdF) – En una sesión marcada por la tensión política y el quiebre de los bloques mayoritarios, el oficialismo provincial logró imponer su número para revertir la prohibición total que regía sobre la producción de salmónidos en Tierra del Fuego. Tras cuatro años de vigencia de la norma proteccionista, la Legislatura sancionó un nuevo marco regulatorio que, si bien mantiene la veda en los 160 kilómetros del Canal Beagle —desde el límite con Chile hasta Cabo San Pío—, habilita formalmente la acuicultura intensiva en el resto de las aguas marítimas y continentales de jurisdicción provincial.
La maniobra parlamentaria expuso una inédita reconfiguración del mapa de poder fueguino y profundas grietas internas. El proyecto obtuvo luz verde gracias a una alianza transversal que unió a los legisladores de FORJA Federico Greve y Myriam Martínez, con el sector del PJ alineado a Juan Carlos Pino y Virgilio García, sumando el apoyo clave del bloque de La Libertad Avanza (Gracianía y Selzer), Matías Lapadula (Provincia Grande) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin). El argumento central del Ministerio de Producción y Ambiente para impulsar este cambio radical fue la promesa de generación de 2.500 puestos de trabajo, una cifra que funcionó como el motor de la votación frente a la crisis laboral.
Sin embargo, el costo político de la medida se reflejó en la dispersión de votos dentro de las propias filas del gobierno y sus aliados. Federico Sciurano (FORJA) y Victoria Vuoto (PJ) votaron en disidencia, rompiendo la disciplina partidaria y alineándose con el rechazo planteado por la oposición. Los legisladores Pablo Villegas (MPF), Laura Colazo (PV) y Raúl Von Der Thusen intentaron frenar la iniciativa con argumentos jurídicos y ambientales que resultaron, según la crónica legislativa, “infructuosos” frente a una mayoría circunstancial consolidada para este fin. La defensa del proyecto estuvo en voz de Greve, Dos Santos y Gracianía, quienes avalaron tanto el fondo de la cuestión como el procedimiento de dictamen que permitió el tratamiento.
En paralelo a la polémica ambiental, la Cámara aprobó por unanimidad el régimen de regularización de deudas tributarias, una medida de oxígeno financiero largamente reclamada por el sector productivo local. Asimismo, el cuerpo legislativo mostró los dientes al Ejecutivo en otro frente: por amplia mayoría se rechazó el veto parcial del Gobernador y se insistió en la redacción original de la Ley Orgánica del Registro Civil, ratificando la creación del registro de defunciones fetales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)