El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical pidió que en la discusión de la nueva ley electoral se avance con la Boleta Única dado que es un “sistema que elimina confusiones en el acto electoral, reduce las desigualdades entre las fuerzas políticas y mejora los niveles de transparencia y control ciudadano”.
Mediante un documento, la UCR expresó su posición sobre 10 ejes que considera centrales para modernizar el sistema electoral santacruceño.
Entre los debates que propone el partido político es discutir la eliminación de la reelección indefinida de gobernadores e intendentes, que debe enmarcarse en una eventual reforma constitucional.
Sobre la Boleta Única señalaron que la experiencia reciente a nivel nacional demostró procesos más simples, ordenados y con menor margen para prácticas discrecionales.
El presidente de la UCR Santa Cruz, Daniel Roquel informó que la Boleta Única de Papel es una herramienta clave para fortalecer la calidad institucional de la provincia y “fortalece el sistema democrático porque respeta de manera directa la voluntad popular y elimina mecanismos que durante años distorsionaron el resultado de las elecciones”.
También destacaron que este sistema permitirá la prohibición de las colectoras, al advertir que su utilización podría reproducir distorsiones similares a las que generó la Ley de Lemas.
Otro de los pedidos es la incorporación de la figura de ficha limpia, para impedir que personas con condenas penales puedan ser candidatas a cargos electivos, incluso con sentencias de primera instancia.
Además, le sumaron el pedido de la obligatoriedad de debates públicos entre candidatos a gobernador, la fijación por ley y con anticipación del calendario electoral para las elecciones primarias y generales, y la realización conjunta de las elecciones municipales y provinciales, como forma de otorgar previsibilidad al proceso.
El documento sostiene la vigencia de la paridad de género, la regulación de los actos de campaña y de la publicidad electoral, el control de los aportes privados y la rendición pública de los gastos de campaña, así como la limitación de la publicidad de los actos de gobierno durante los períodos electorales para evitar el uso de recursos estatales con fines proselitistas. (Agencia OPI Santa Cruz)