(OPI TdF) – La petrolera británica Rockhopper Exploration desafió nuevamente la jurisdicción nacional al anunciar este lunes el cierre financiero total para el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. A pesar de integrar la lista de empresas sancionadas por el Gobierno argentino por desarrollar actividades ilegales de exploración, la firma avanzó en la obtención de los recursos necesarios para iniciar la extracción comercial de crudo en 2028. Este movimiento se produce apenas semanas después de que los directivos aprobaran la Decisión Final de Inversión (DFI), consolidando un esquema de financiamiento que la empresa mantiene bajo estricto hermetismo.
El proyecto Sea Lion demanda una inversión inicial de 2.100 millones de dólares para su primera fase de desarrollo, con una meta de producción proyectada en 55.000 barriles diarios. La operación logística y el control mayoritario del yacimiento, situado a 200 kilómetros de la costa isleña, recae sobre la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación. Aunque Rockhopper ya garantizó su estructura de capital, el inicio definitivo de las obras offshore depende de que Navitas complete su propio tramo de financiamiento, un paso que las compañías planean ejecutar tras haber ratificado su compromiso de inversión el pasado 10 de diciembre.
La reacción oficial de la República Argentina no se hizo esperar, aunque carece de herramientas de coacción inmediata sobre los mercados financieros internacionales. El secretario a cargo de Cancillería, Pablo Quirno, emitió un rechazo categórico a la decisión de las operadoras, recordándoles que carecen de permisos de la autoridad competente argentina. El Estado nacional ratificó que las concesiones otorgadas por la administración colonial en la plataforma continental son ilegítimas, manteniendo la vigencia de las sanciones impuestas en 2012 y 2022 contra las petroleras que operan de forma clandestina en la zona de exclusión británica.
Desde la perspectiva corporativa, el director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, calificó este cierre financiero como el hito más relevante desde el descubrimiento de crudo en 2010. Este optimismo empresarial ignora deliberadamente las advertencias de la diplomacia argentina y las posibles repercusiones legales para cualquier entidad financiera que asista el proyecto. La consolidación de este esquema económico en el Atlántico Sur pone en evidencia la debilidad de las sanciones administrativas frente a proyectos de alta rentabilidad que operan bajo el paraguas de seguridad del Reino Unido, marcando un precedente crítico para la protección de los recursos naturales en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (Agencia OPI Tierra del Fuego)