En una sesión extraordinaria que marcó el cierre del año legislativo, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves el Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026. La votación, que culminó con 19 votos afirmativos y apenas 5 negativos, no solo garantiza las herramientas financieras para el Poder Ejecutivo, sino que funcionó como un termómetro político que dejó al descubierto la incapacidad de conducción del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, sobre el bloque de Unión por la Patria. Pese a las directivas públicas de rechazo emanadas por el jefe comunal capitalino, una mayoría de legisladores de su propio espacio decidió alinearse con el oficialismo de “Por Santa Cruz”, permitiendo una aprobación por más de dos tercios que blinda la gobernabilidad del próximo año.
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El quiebre de la principal fuerza opositora quedó sellado nominalmente en el recinto. Mientras el sector alineado con la resistencia dura votó en contra —integrado por los diputados Bodlovic, Echazú, García, Mora y Santi—, un grupo mayoritario de Unión por la Patria, entre los que se encuentran Karina Nieto, Adriana Nieto y el resto de la nómina que acompañó al oficialismo, optó por validar el proyecto enviado por el Ejecutivo. Esta fragmentación interna desarticuló cualquier intento de bloqueo y dejó en evidencia que la estructura de poder que pretendía proyectar Grasso desde la capital no tiene correlato en la dinámica legislativa actual, donde la búsqueda de previsibilidad financiera para el pago de salarios y el funcionamiento del Estado prevaleció sobre la estrategia de confrontación.
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Desde la perspectiva administrativa, el Gobierno provincial logró asegurar la continuidad de las políticas públicas y el cumplimiento de las obligaciones salariales en un escenario económico que demanda certezas. La sanción de la Ley N°694/25 otorga al Ejecutivo la previsibilidad necesaria para gestionar el ejercicio 2026 sin las ataduras de un presupuesto reconducido o trabas parlamentarias. El acompañamiento de sectores opositores sugiere, además, un reconocimiento de la complejidad del contexto financiero, donde la negativa sistemática habría tenido un costo político difícil de digerir ante una sociedad que demanda el funcionamiento normal de las instituciones.
Más allá de la cuestión contable, la sexta sesión extraordinaria, consolidó otros acuerdos institucionales clave para el cierre del período 52°. La Legislatura sancionó la Emergencia Climática por 30 días para todo el territorio santacruceño y firmó el acuerdo para la designación de la Dra. Natalia Linardi como Fiscal de Estado. Estas decisiones, sumadas a la aprobación del presupuesto propio de la Cámara de Diputados, cierran un ciclo legislativo donde el oficialismo logró imponer su agenda y fragmentar a la oposición, asegurando los cargos estratégicos del control estatal y la operatividad política para el inicio del nuevo año. (Agencia OPI Santa Cruz)