(OPI TdF) – En un movimiento táctico para intentar sanear las arcas públicas al cierre del ejercicio, el Ejecutivo de Tierra del Fuego oficializó la Ley 1603, estableciendo un “Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas“. Mediante el Decreto 2990/25, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) fue habilitada para condonar multas e intereses a todos aquellos contribuyentes que formalicen su adhesión en un plazo perentorio de 60 días corridos. La medida alcanza a todos los tributos provinciales con vencimientos operados hasta el 30 de noviembre de 2025, evidenciando la urgencia oficial por convertir la mora en ingresos corrientes.
El esquema de beneficios diseñado por la administración provincial incluye la remisión total de cargos por intereses resarcitorios y punitorios, además de la condonación de multas por infracciones formales. Sin embargo, la normativa impone una segmentación que expone la disparidad del tejido productivo local: mientras que las Micro y Pequeñas Empresas con ingresos de hasta 2.000 millones de pesos podrán financiar su deuda en un máximo de 60 cuotas, los denominados “Grandes Contribuyentes” —aquellos que superan dicho umbral de facturación— solo dispondrán de 36 meses para cancelar sus obligaciones bajo el sistema francés de amortización.
El incumplimiento de apenas cuatro cuotas, o la existencia de saldos impagos 90 días después del vencimiento final, provocará la pérdida automática de todas las condonaciones obtenidas, retrotrayendo la deuda a su estado original con todos los recargos de ley. Asimismo, la AREF se reserva el derecho de exigir garantías adicionales a discreción, lo que otorga al organismo recaudador un poder de arbitraje significativo sobre las empresas en situación de vulnerabilidad financiera.
Finalmente, el régimen deja fuera de cualquier beneficio a los sectores más cuestionados por la administración: las deudas con denuncia penal previa y, fundamentalmente, aquellas derivadas de agentes de retención o percepción que cobraron impuestos pero no los ingresaron al fisco. Al fijar una cuota mínima de 20 mil pesos y un interés de financiación del 2% mensual, el Gobierno busca una adhesión masiva que alivie la presión sobre un sector PyME asfixiado, aunque la medida sea interpretada en los pasillos de la administración pública como un último recurso recaudatorio ante la caída de la actividad económica provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)