La aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado introduce un nuevo escenario de fricción bancaria y establece un tope patrimonial de $10.000 millones para el régimen simplificado. Si bien el Banco Central (BCRA) extendió indefinidamente la recepción de dólares “cara chica” o deteriorados, la nueva normativa legislativa choca con los protocolos vigentes de las entidades financieras sobre el origen de los fondos.
La incertidumbre radica en la operatividad. A pesar de la Comunicación “A” 8352 emitida por la entidad que preside Santiago Bausili, los bancos privados evalúan el riesgo de aceptar divisas no declaradas. La sanción de la ley podría activar alertas en los departamentos de cumplimiento debido a las normas antilavado y antievasión que rigen sobre el dinero fuera del circuito.
El mecanismo de canje, vigente desde agosto de 2024, exige condiciones técnicas específicas para el dinero físico.
Los requisitos para la aceptación de billetes son estrictos:
- Deben presentar una superficie superior al 50% del billete original.
- La denominación y las medidas de seguridad deben ser perfectamente identificables.
- Tras la recepción, el BCRA envía el papel moneda a Estados Unidos para su destrucción y posterior reposición.
Letra chica y modificaciones al Código
La normativa aprobada no solo impacta en el manejo de efectivo. El texto introduce modificaciones sustanciales al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial.
El punto crítico es el “blindaje” fiscal. El Gobierno asegura que los contribuyentes que adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada no deberán informar variaciones patrimoniales ni justificar consumos. Sin embargo, este beneficio aplica únicamente para patrimonios que no superen el techo de los $10.000 millones.
En contraste con la cautela de la banca privada, el Banco Nación rompió filas. La entidad dirigida por Darío Wasserman confirmó que aceptará los billetes “cara chica” y deteriorados sin distinciones de diseño o antigüedad. La entidad pública aguarda únicamente la promulgación oficial en el Boletín Oficial para operativizar la medida, asumiendo el costo logístico del canje. (Agencia OPI Santa Cruz)