Investigación: deuda del municipio de Río Gallegos a la CPS y CSS. Los números formales y el extraño (e ilegal) argumento que esgrime el Intendente Grasso para no pagar

(Por: Rubén Lasagno) – Informe I – Los municipios de Santa Cruz tienen una deuda histórica con la Caja de Previsión Social y con la Caja de Servicios Sociales y esto ocurre porque durante los 30 años del kirchnerismo, la provincia se transformó en una suerte de Sociedad Anónima donde el socio capitalista mayoritario, el Gobierno K, regía omnímodo en todos lados y hasta en el último rincón de la más ínfima oficina pública, desde el gobierno central, los entes autárquicos, municipios, sociedades de fomentos o empresas estatales.

En ese marco, Néstor Kirchner impuso el modelo “patrón de estancia”; todos eran/son dependientes de la oficina de calle Alcorta, por lo tanto, dinero que entraba o salía debía pasar (sucede hasta hoy) por el  pozo negro llamado CUT (Cuenta Única del Tesoro), que transforma al gobernador de turno (el actual incluido) en crupier o tallador.

El tipo maneja todo, desde a quien pagar, cuánto, cuándo y en la bolsa común “todos ponen” como en la vieja perinola que los chicos hoy han sustituidos por Betsson en el celular; es decir, el todos ponen, incluye a los municipios, viven de lo que decide darle al gobierno central como fondos coparticipables, pero a cambio de ello, NK “les aseguraba” una paz kantiana en todos los frentes a los intendentes que, claro, eran todos de él. El kirchnerismo pasó pero el modelo se mantuvo. Sin embargo, este modelo de administración no está hecho para gente que no sea amiga o “del palo”.

Si había un accidente intervenía la provincia a través del ISPRO y la CSS o si se jubilaban 10 por mes la CPS los incorporaba y la provincia se hacía cargo sin pedir mayores precisiones; en algunos casos se jubilaban sin tener el tiempo completo, habiendo completado los últimos 5 años en una empresa como SPSE, Fomicruz, Distrigas etc para elevar el monto jubilatorio de los amigos y “las Cajas” en general “cumplían” por una simple razón: era más lo que se guardaba el gobierno provincial de lo que le transfería a los trabajadores o lo que demandaban los servicios. Esta es una de las razones por las cuales aún siguen intervenidas las Cajas y los enormes déficit que tienen y sostiene la población, a pesar de los discursos de campaña como los de Claudio Vidal un reformista que en sus discursos se rasgaba las vestiduras por el mal funcionamiento y déficit de ambas, prometiendo “normalizarlas” (hasta que vio dónde estaba el negocio).

En ese marco todo se fue relajando y cuando los intendentes vieron que era fácil lo que hacía el gobierno provincial, decidieron hacerlo ellos y quedarse con la plata que le descuentan religiosamente todos los meses a los trabajadores municipales. Obvio, los gremios municipales tan propensos a quemar cubiertas y hacer marchas por temas salariales y el derecho de los trabajadores, nunca reclamaron a los intendentes con paros y manifestaciones por descontarle a los empleados pero no girar la plata a las Cajas ¿Por qué será?, habría que preguntarle a los dirigentes del SOEM y el SOEMCO, a quienes seguramente cada intendente se cuida de depositarle religiosamente la cuota sindical que mensualmente el municipio le retiene a cada trabajador.

Así se fue formando una deuda histórica descomunal de los municipios con las Cajas, altamente deficitarias, lo cual debe ser cubierto con fondos que provee el CUT, el agujero negro donde todo entra, lo que sale de allí es a discreción del gobernador y nada es claro ni transparente.

Esta es la síntesis de lo que ciertamente es mucho más compleja, pero la forma esquemática en la cual la representamos es para tener idea de que los municipios deben fortunas porque cada gobierno provincial lo permite y cada intendente que sucede al anterior hace exactamente lo mismo y el motivo es uno solo: no hay ninguna consecuencia legal. Los únicos que sufren esta verdadera estafa pública son los trabajadores que padecen los descuentos, tienen servicios de salud deficientes y jubilaciones de hambre, porque la plata no va a la obra social o a la caja previsional, se la guardan los intendentes.

El gobierno provincial denuncia públicamente y reclama a los municipios que se pongan al día con las Cajas, pero carga específicamente sobre aquellos intendentes que no son de su partido, por caso Pablo Grasso y el jefe comunal de la capital alude que no paga porque la provincia le debe fondos coparticipables (¿?). Ambos sustentan argumentos falaces para mantener sus posiciones, pero ciertamente como en Santa Cruz no hay justicia y todo se reduce a un pataleo mediático para el circo político electoral, pasan los años, lo gobernadores y lo intendentes y todo sigue igual, solo que las deudas ascienden a sumas incontrolables e impagables.

Sin duda la falta de voluntad de los intendentes radica en que si realmente quisieran comenzar a normalizar la situación, aún dejando en stand by el deuda histórica, podrían haber comenzado a pagar desde que asumieron y tampoco lo han hecho; todos, sin distinción, siguen haciendo exactamente lo mismo: descuentan al empleado y no depositan el dinero, lo que constituye una retención indebida de haberes que ni los trabajadores ni los gremios, reclaman.

La capital en números

El reclamo por la “deuda histórica” entre el Municipio de Río Gallegos y el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz (en realidad con las Cajas) es un conflicto de larga data que ha escalado significativamente entre 2024 y 2025, dado que por primera vez los colores políticos entre gobernación y municipalidad, no son los mismos.

Es importante aclarar que, técnicamente, el reclamo principal no es del Municipio hacia la Provincia, sino de los entes provinciales (Caja de Previsión Social – CPS y Caja de Servicios Sociales – CSS) hacia el municipio por aportes retenidos y no transferidos. Sin embargo, el intendente Grasso argumenta que esta deuda es consecuencia de una coparticipación desactualizada que los obliga a usar esos fondos para pagar salarios, algo así como la materialización del cuento del huevo y la gallina.

A continuación y en base a datos oficiales, exclusivamente, sintetizaremos el detalle de las cifras y el estado de la situación de las Cajas, a finales de 2025:

Caja de Previsión Social (CPS)

En la deuda por aportes jubilatorios de los empleados municipales y según informes oficiales de julio de 2025, Río Gallegos lidera el ranking de deudores previsionales en la provincia.

Se estima que la deuda previsional histórica del municipio de Río Gallegos  es de $36.681 millones a la CPS.

Solo en el mes de junio de 2025, el reclamo por aportes mensuales corrientes no transferidos ascendió a $1.800 millones.

El municipio sostiene que desde 1991 ningún intendente ha podido cancelar estos aportes, debido a que la Ley de Coparticipación actual (basada en índices de 1983) no refleja el crecimiento poblacional de la capital. Este es uno de los argumentos que fundamentan los intendentes para no pagar los aportes.

Caja de Servicios Sociales (CSS)

Los datos actualizados a agosto de 2025, que se han podido corroborar en la documentación oficial, muestran una situación crítica de la Obra Social de la provincia y la cuantiosa deuda que tiene con ella el municipio de Río Gallegos.

(Agencia OPI Santa Cruz)