La disputa por el control de la calle sumó un nuevo capítulo judicial que impacta directamente en la gestión de la seguridad federal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno Nacional apelará inmediatamente el fallo del juez Martín Cormick, quien declaró nulo el “protocolo antipiquetes“. La medida, clave para la administración libertaria, busca mantener liberadas las rutas nacionales y accesos, un tema sensible para la logística y el transporte en provincias como Santa Cruz.
La reacción oficial no tardó en llegar tras conocerse la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, que actuó ante un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Monteoliva fue contundente al defender la herramienta: “Sin protocolo no hay orden, hay caos“, sentenció, vinculando el fallo a una “vieja política” que, según su visión, se resiste a la paz social. La funcionaria aseguró que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos y jurídicos sólidos para su continuidad.
A la defensa se sumó la autora original de la normativa y actual senadora, Patricia Bullrich. Con un tono crítico hacia el Poder Judicial, Bullrich cuestionó la imparcialidad del magistrado: “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno“. Para la exministra, la herramienta ha sido validada por otros jueces y es respaldada por “los argentinos que quieren trabajar y circular“, apuntando contra quienes, a su juicio, “viven de la extorsión“.
El fallo judicial pone en pausa, al menos momentáneamente en esa instancia, la aplicación de la normativa que permite a las Fuerzas Federales intervenir ante cortes de vías de circulación sin orden judicial previa. Sin embargo, el mensaje desde la Casa Rosada es de “no dar un paso atrás“. La apelación buscará restablecer la vigencia plena de la medida, bajo la premisa oficial de que “el orden no se negocia” y es la única garantía para la tranquilidad ciudadana. (Agencia OPI Santa Cruz)