(OPI TdF) – La salida de YPF de la provincia de Tierra del Fuego entró en su fase decisiva. Tras meses de negociaciones en el marco del “Proyecto Andes” —el plan de la petrolera nacional para desprenderse de campos maduros—, la empresa estatal fueguina, Terra Ignis, oficializó la toma de posesión de los yacimientos.
Sin embargo, el traspaso no implica una operación inmediata por parte de la provincia. Se abre ahora una ventana crítica de 90 días de transición operativa.
La letra chica del acuerdo
El presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, confirmó la firma ante la Escribanía General de Gobierno, calificando el hecho como un “hito histórico” y un acto de “soberanía energética”. Más allá de la retórica oficial, la realidad técnica impone plazos urgentes.
La operación y el mantenimiento seguirán a cargo de YPF durante los próximos tres meses, pero bajo la modalidad “a cuenta y orden” de Terra Ignis. Esto significa que la responsabilidad legal y económica ya recae sobre la entidad provincial, mientras que YPF actúa meramente como un gestor transitorio hasta su retirada definitiva.
El desafío de conseguir operador
El punto neurálgico para la administración de Gustavo Melella es qué sucederá al cumplirse el plazo de los 90 días. D’Alessio adelantó que “ya se inicia el proceso formal para recibir las presentaciones de los interesados“.
La provincia enfrenta el reto de atraer capital privado dispuesto a invertir en pozos maduros —con declive natural de producción—, en un contexto donde los grandes jugadores miran casi exclusivamente a Vaca Muerta.
La cuestión laboral: paz social en juego
Uno de los ejes más sensibles del traspaso es el mantenimiento de las fuentes laborales en el sector petrolero, un gremio con fuerte peso en la isla. Desde el gobierno provincial subrayan que la maniobra busca evitar el impacto de una “retirada abrupta” de YPF.
“Se mantiene la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y se garantiza la continuidad de la actividad“, aseguró D’Alessio. El éxito de Terra Ignis no se medirá solo por la titularidad de los activos, sino por su capacidad de cerrar acuerdos con operadores privados que garanticen la inversión necesaria para mantener la productividad y la paz social en los yacimientos del norte de la isla. (Agencia OPI Tierra del Fuego)