La tensión entre la política económica del Gobierno nacional y la realidad productiva de Tierra del Fuego ha escalado a un nuevo nivel de conflictividad. El intendente de esta ciudad, Martín Pérez, rompió el silencio institucional para denunciar con dureza lo que califica como un “plan de desmantelamiento” de la industria fueguina, ejecutado por la administración de Javier Milei.
El detonante ha sido la entrada en vigencia, el pasado 15 de enero, de la quita de aranceles a la importación de productos electrónicos. Según el análisis del jefe comunal, esta medida no es un hecho aislado, sino el golpe de gracia para un sector que ya muestra heridas profundas: la pérdida de 2.000 puestos de trabajo entre 2023 y el inicio de 2024.
Pérez expuso la contradicción técnica que deja a las fábricas locales fuera de mercado: “Un teléfono fabricado en Tierra del Fuego sigue pagando impuestos internos, mientras uno importado puede entrar con arancel cero. Así es imposible competir“. Esta distorsión genera un escenario donde el producto extranjero ingresa limpio de tributos, mientras que el local, paradójicamente, debe tributar para ser vendido en su propio país.
Impacto en el ecosistema económico local
Río Grande, que concentra el 80% de la producción electrónica de la isla, enfrenta un efecto dominó. La ecuación planteada por el intendente es simple y brutal: si cae la fábrica, cae la ciudad.
El impacto no se limita a los operarios de la UOM. La parálisis industrial se traslada inmediatamente a la red de servicios conexos: logística, transporte, seguridad y el comercio minorista. “No es solo la fábrica: es el taxi, el remis, el comercio, los emprendedores“, graficó Pérez, alertando sobre la caída del consumo interno provocada por la incertidumbre laboral.
Soberanía y la incógnita de Febrero
Más allá de lo económico, el planteo incluye una dimensión geopolítica. El desguace del régimen industrial bajo la Ley 19640 es interpretado localmente como un retroceso en la soberanía sobre un territorio estratégico. Pérez lamentó la falta de visión federal desde Buenos Aires, donde la isla suele ser vista solo como una planilla de cálculo fiscal y no como un enclave geopolítico vital.
De cara al futuro inmediato, la preocupación se centra en febrero, mes clave para la reactivación de las plantas tras el receso vacacional. Con una demanda interna deprimida y una competencia importadora favorecida por el Estado, la capacidad productiva del complejo industrial entra en una zona de riesgo máximo.
El intendente cerró su análisis desmitificando el argumento de la baja de precios: “Más del 30% del precio final de un celular son impuestos. Si realmente quieren bajar los precios, podrían empezar por ahí“, sentenció, exponiendo que la apertura importadora, sin corrección impositiva interna, solo transfiere empleo argentino al exterior. (Agencia OPI Tierra del Fuego)