El sistema de Riesgos de Trabajo cerró el año 2025 con una cifra que expone la desconexión total entre la realidad laboral y la dinámica de los tribunales. Pese a que los siniestros en las empresas muestran una caída sostenida, el ingreso de 134.141 juicios nuevos batió el récord histórico de litigiosidad. La factura de este desfasaje no solo la pagan las aseguradoras, sino el sector productivo que financia un esquema donde la prevención es exitosa pero la sentencia es inevitable.
La auditoría de los datos oficiales revela una paradoja financiera insostenible:
- Siniestralidad en baja: Los accidentes laborales retrocedieron un 55% y los fallecimientos un 80% en el ámbito de trabajo.
- Litigiosidad en alza: Las demandas aumentaron un 200% desde el año 2020.
- Stock acumulado: Existen 317.848 causas abiertas en el sistema de ART, aun cuando se lograron cerrar 70.000 expedientes en el último periodo.
El negocio de la intermediación y el incumplimiento de la Ley 27348
El costo de esta estructura no llega íntegramente al bolsillo del trabajador accidentado. El 45% del monto total de las sentencias se diluye en la intermediación. Bajo este esquema, de cada 1.000.000 pesos que una empresa o aseguradora debe desembolsar por demandas evitables, 450.000 pesos se reparten entre abogados, peritos y tasas del sistema judicial.
La falta de implementación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), exigidos por la Ley 27.348 desde febrero de 2017, permite que peritos externos determinen incapacidades sin control oficial. Al estar sus honorarios atados a un porcentaje de la sentencia, el incentivo para inflar los montos de condena es directo y proporcional al daño económico del sistema.
La comparación internacional deja al país en una posición de extrema vulnerabilidad técnica. Mientras que en Chile se presentan 5,8 demandas por cada 10.000 trabajadores y en España la cifra es de 8,5, en la Argentina el indicador escala a 132,8 juicios. Esta diferencia implica que la litigiosidad local es 23 veces superior a la española, a pesar de compartir índices de siniestralidad similares. (Agencia OPI Santa Cruz)