(Ushuaia – OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego intenta bajarle el tono al reciente revés administrativo. El secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, salió a minimizar el dictamen de la Unidad Fiscal Ushuaia, asegurando que el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia está lejos de terminar.
Para el funcionario, el pronunciamiento fiscal es apenas una “actuación procesal más” que no toca el fondo del asunto. Lo cierto es que, mientras la provincia se enreda en tecnicismos sobre la competencia del tribunal, el control de la terminal portuaria sigue bajo la órbita de la Nación.
La trama judicial hoy se concentra en determinar qué juez tiene la lapicera para decidir. Fossatto insistió en que la Gobernación no retrocederá y que el planteo de inconstitucionalidad sigue firme, buscando frenar lo que consideran un avance sobre la autonomía provincial.
Puertas adentro, la gestión de Gustavo Melella sabe que el tiempo corre en contra del vecino fueguino. La incertidumbre sobre quién manda en el muelle afecta directamente a la logística local y a los recursos estratégicos que definen la economía de la isla.
El juzgado ordenó ahora que el Fiscal de Estado de la Provincia se involucre formalmente. Deberá responder sobre dos ejes espinosos: la competencia judicial y si el Gobernador tiene facultades reales para accionar en este proceso específico contra el Estado Nacional.
Más allá del expediente, el Ejecutivo provincial se apoya en la dimensión política del conflicto. Utilizan la movilización realizada frente al Puerto de Ushuaia como un termómetro de respaldo social para blindar una estrategia que, por ahora, solo acumula fojas y demora soluciones.
La defensa de los recursos provinciales aparece como la última trinchera del discurso oficial. Según Emiliano Fossatto, agotarán todas las instancias legales para revertir la intervención, aunque la realidad indica que la resolución final sigue atrapada en el laberinto de los tribunales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)