La justicia federal puso finalmente blanco sobre negro en uno de los focos de corrupción más sensibles de la gestión pública. El juez Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, quien fuera el máximo responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo el cargo de asociación ilícita.
Sucede que, según la investigación, la estructura que debía proteger a los más vulnerables terminó convertida en una cueva de retornos y negocios privados. El punto es que el magistrado detectó un esquema de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades que salpican no solo a la cúpula, sino también a un entramado de operadores externos vinculados a droguerías.
El juez procesó a 19 personas, entre ellos al número dos de la agencia, Daniel Garbellini, y a empresarios como Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Para Spagnuolo, el peso de la ley llegó con un embargo millonario de más de 202 millones de pesos sobre sus bienes.
El texto judicial describe cómo se instaló un sistema de corrupción institucional durante los primeros meses del Gobierno. El punto central es que funcionarios de máxima autoridad actuaron de forma mancomunada con operadores privados para vaciar las arcas públicas en beneficio propio, dejando de lado la atención de las personas con discapacidad.
Sucede que la ANDIS se transformó en una vía de enriquecimiento ilícito. El juez advierte que el esquema delictivo tiene márgenes difusos y que la investigación podría escalar hacia otros niveles de complicidad, dado el “desenfado” con el que se movía la organización.
Esta red de privilegios y sobreprecios explica, en gran medida, las deficiencias que luego se traducen en la falta de prestaciones básicas. La lógica de intermediación que reinaba en la Agencia parece no haber sido un hecho aislado, sino una práctica sistemática que ahora empieza a desmoronarse en los tribunales de Comodoro Py.
Lo que resta determinar es hasta dónde llegaban las terminales de este grupo. La justicia sospecha que la red de coimas y el desplazamiento de empresarios disconformes sugieren que no se trató de un hecho encapsulado, sino de un negocio de gran escala que apenas comienza a desandarse. (Agencia OPI Santa Cruz)