(Por: Rubén Lasagno) – Informe II – Basado en la recopilación de informes técnicos, auditorías de la SIGEN y documentación oficial a la que tuvimos acceso, pudimos compilar lo datos referidos a costos, estado de avance, cuestión ambiental etc, en relación a la Central Termoeléctrica Río Turbio (CTRT) cuyo primer informe hicimos el 5 de febrero 2026.
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La obra fue adjudicada originalmente a la empresa española Isolux Corsán. El presupuesto inicial rondaba los US$ 400 – 857 millones (dependiendo de la fase de licitación considerada), con el objetivo de generar 240 MW utilizando el carbón residual de la mina.
Según informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la AGN, el costo final de la obra se disparó debido a 11 redeterminaciones de precios realizadas durante el kirchnerismo.
De esta manera el Estado terminó pagando aproximadamente entre US$ 1.631 a US$ 1.726 millones, lo que representa más del triple del costo original y muy por encima del promedio internacional para este tipo de tecnología, como lo dejamos expresado en nuestro primer informe.
En en año 2018, el gobierno nacional de entonces (Macrismo) rescindió el contrato con Isolux por “graves incumplimientos“, dejando la usina inconclusa y con serias deficiencias técnicas.
En la actualidad, la usina sigue sin operar a su capacidad de diseño y su futuro está en proceso de cambio jurídico. La usina cuenta con dos módulos de 120 MW cada uno. Solo el Módulo 1 llegó a operar brevemente pero fue detenido por falta de mantenimiento y fallas. El Módulo 2 nunca se terminó y fue canibalizado para lograr poner en marcha a primera turbina desde aquel día en que forzaron su funcionamiento para la (falsa) “inauguración” que hizo Cristina Fernández siendo presidente.
Una tasación reciente a cargo del actual Interventor Pablo Gordillo, para la transformación de la empresa, tasó la estructura física de la usina inconclusa en apenas US$ 90 millones, una cifra irrisoria comparada con los más de 1.700 millones invertidos. Hay quienes huelen negocios privados detrás de esta subvaluación exponencial que hizo el interventor de YCRT.
El gobierno nacional, mediante el Decreto 115/2025, ha transformado a YCRT en Carboeléctrica Río Turbio S.A., buscando privatizarla o conseguir capitales privados para finalizarla, ya que el Estado ha decidido no financiar más el déficit operativo (estimado en US$ 140 millones anuales en 2025).
Aspecto Ambiental (EIA)
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado recién en noviembre de 2023 por la provincia de Santa Cruz, tras una audiencia pública. Esto ocurrió años después de que la usina estuviera construida, una anomalía administrativa señalada por críticos como inexistente en otras partes del mundo.
Organizaciones como Greenpeace y técnicos independientes han objetado el proyecto, señalando que la quema del carbón de Río Turbio liberaría cantidades significativas de mercurio, torio y uranio, además de generar 1.800 toneladas diarias de cenizas cuyo destino final (disposición en “pastas”) sigue generando dudas sobre la contaminación de acuíferos y el río, pero es aún más grave que nunca estuvo disponible el estudio sobre el repositorio de cenizas, que en la actualidad no se encuentra definido, una muestra más que no existe el mínimo interés de las actuales autoridades, de que la suina funciones y menos aún con carbón.
El funcionamiento dual
Si bien hemos consultado a fuentes especializadas en energía que dudan o simplemente niegan que la Usina 240 de Río Turbio pueda funcionar a gas, debido a explicaciones técnicos-científicas muy atendibles, Julio De Vido mientras estaba en funciones, reconoció oficialmente que la Central Termoeléctrica de Río Turbio (CRT) estaba preparada para funcionar de forma dual (carbón y gas) y lo hizo el 2 de mayo de 2015.
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Esta admisión surgió como respuesta reactiva a informes de prensa, especialmente de OPI Santa Cruz, que alertaban sobre la falta de carbón suficiente para operar la usina y la consecuente decisión de modificar su funcionamiento para operar a gas.
En un comunicado emitido desde el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido desmintió que el gas fuera a “suplantar” al carbón, pero validó técnicamente la capacidad dual de la planta, argumentando que era una característica de diseño estándar y no una improvisación por falta de mineral.
De Vido afirmó que la capacidad de usar gas “no es ninguna novedad” y aseguró: “Todas las centrales que construimos desde el año 2003… funcionan en forma dual, es decir con la posibilidad de utilizar dos combustibles a los efectos de lograr mayor seguridad en el abastecimiento”. Reconoció, asimismo, que la usina poseía un “sistema dual para incorporar gas en caso de ser necesario”, aunque insistió en que funcionaría “el 99% del tiempo a carbón”.
El descontrol y la corrupción
Basado en los informes de auditoría de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) realizados tras el cambio de gestión en 2016 y los relevamientos más recientes de 2023-2025, resumiremos los puntos centrales sobre el desmanejo financiero y técnico de la Central Termoeléctrica Río Turbio (CTRT), que operó por más de una década y llegamos a febrero del año 2026 con la generadora sin funcionar, en pésimas condiciones técnicas y con el faltante de al menos 150 o 200 millones de dólares para se reconstruida y puesta en funcionamiento.
El informe de la auditoría es contundente respecto al sobreprecio monumental que terminó pagando el Estado por una obra inconclusa.
La SIGEN detalló un esquema administrativo diseñado para evitar controles y justificar erogaciones sin contraparte física incluía sistemáticos anticipos financieros a la empresa constructora sin que existieran certificados de avance de obra que los respaldaran. Se desembolsaba dinero por trabajos no realizados.
Se utilizó a la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN como intermediaria para desviar fondos y evitar la Ley de Obras Públicas. Entre 2009 y 2015 se firmaron más de 450 convenios por $ 4.800 millones de pesos (de la época) por tareas administrativas que no correspondían a una universidad, cobrando comisiones del 21% por “gastos administrativos”.
Se aprobó la construcción de la usina sin estudios de factibilidad serios que aseguraran que la mina podía alimentarla. De hecho, mientras la obra avanzaba, la producción de carbón cayó un 85% respecto a lo planificado, haciendo imposible el funcionamiento de la central a plena carga.
Auditorías complementarias de la AFIP sobre la contratista Isolux detectaron el uso de facturas truchas por casi $500 millones para justificar costos inexistentes y evadir impuestos.
Los informes más recientes (cierre 2023) señalan que YCRT no cuenta con un sistema de gestión de bienes confiable, hubo movimientos financieros sin justificar y deudas millonarias con la AFIP, manteniendo un déficit operativo que requiere asistencia constante del Tesoro.
Corroborado por la AGN
Basado en los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) (específicamente los informes aprobados como el 185/2017 y previos sobre gestión ambiental) y su complementación con los relevamientos de la SIGEN que a menudo se citan en conjunto en las causas judiciales, se puede entender el descontrol financiero que había en la obra.
Si bien el contrato original (Licitación Pública 01/2007) se adjudicó por US$ 857.341.128, la auditoría reveló que el costo final se disparó desproporcionadamente con un sobrecosto del 90%,
Uno de los hallazgos más escandalosos de la AGN fue el mecanismo administrativo utilizado para evitar la Ley de Obras Públicas.
YCRT firmó más de 400 convenios con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La mina transfería fondos a la UTN bajo el concepto de “asistencia técnica” y la universidad contrataba proveedores directamente (sin licitación pública) reteniendo una comisión del 21% en concepto de “gastos administrativos”.
Se auditaron convenios por miles de millones de pesos (de aquella época) que se usaron para gastos corrientes y obras menores que debieron licitarse transparentemente.
La auditoría fue letal respecto a la falta de lógica en la planificación de la obra “llave en mano”.
La usina de 240 MW requiere aproximadamente 1,2 millones de toneladas de carbón anuales (unas 100.000 al mes). Sin embargo, la mina de Río Turbio apenas producía una fracción de esa cantidad (históricamente promediando 20.000 – 50.000 toneladas/mes en sus mejores momentos), haciendo técnicamente imposible que la usina operara a plena carga sin importar carbón o usar gas/gasoil.
Se certificó la finalización de obra y se inauguró (2015 cuando llegó CFK haciendo la parodia de la inauguración) cuando la planta no estaba terminada ni apta para operar comercialmente en modo continuo.
Impacto Ambiental (Informe AGN 99/08 y posteriores)
La AGN también auditó la gestión ambiental, encontrando graves falencias como la inexistencia de un plan de remediación
No existía un Plan Integral de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad de aplicación que contemplara qué hacer con las cenizas (residuos) que generaría la usina (aprox. 1.800 toneladas diarias). Se señaló la falta de tratamiento de los pasivos ambientales históricos de la mina, sumado al nuevo impacto que tendría la central térmica.
El futuro
De acuerdo con la documentación oficial más reciente (Decreto 115/2025, Presupuesto 2026 y resoluciones de intervención), el futuro de la Usina de 240 MW (y de todo el complejo YCRT) se define en tres ejes centrales: Transformación Jurídica, Austeridad Presupuestaria y Búsqueda de Capital Privado.
El Decreto 115/2025 (publicado en febrero de 2025) marcó el cambio estructural definitivo, el saneamiento para la venta.
YCRT dejó de ser una empresa estatal convencional para transformarse en Carboeléctrica Río Turbio S.A. (CRT S.A.).
El Gobierno Nacional ha declarado explícitamente que la transformación tiene como fin “sanear” la empresa (hacerla jurídicamente viable) para transferirla total o parcialmente a manos privadas. El Estado retiene inicialmente el 95% de las acciones (vía Secretaría de Energía), pero el estatuto habilita la entrada de socios privados.
Situación Financiera y Presupuesto 2026
El futuro operativo inmediato está marcado por una política de “supervivencia” más que de desarrollo estatal.
En el Presupuesto Nacional 2026, se logró incluir una partida de aproximadamente $135.000 millones para la empresa. Sin embargo, la letra chica oficial indica que el 95% de esos fondos (unos $128.000 millones) son exclusivamente para gastos corrientes y salarios. Se aseguran los sueldos, pero no el funcionamiento.
No hay partidas asignadas por el Tesoro para finalizar la obra civil de la usina. El mensaje oficial es que el Estado Nacional no pondrá el dinero (estimado en US$ 30-40 millones) necesario para reparar el Módulo 1, ni los cientos de millones para terminar el Módulo 2. Esa inversión dependerá exclusivamente de si se consigue un socio privado.
El plan técnico: “Vender energía o nada”
La intervención actual (bajo Pablo Gordillo) tiene un mandato técnico específico para que la empresa sea atractiva al mercado. El módulo 1 (120 Mw) el objetivo prioritario es ponerlo en marcha. Estuvo operativo hasta octubre de 2023, pero salió de servicio por falta de mantenimiento. Sin este módulo funcionando y generando ingresos por venta de energía a CAMMESA, la empresa se considera “invendible”. En tanto el Módulo 2 (120 MW) oficialmente, su terminación está suspendida por parte del Estado. Solo se finalizaría si un inversor privado decide hacerlo a su propio riesgo.
Existe una traba legal importante que condiciona este futuro. En septiembre de 2025, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del Decreto 115/2025 en lo referente al traspaso compulsivo de personal y cambios en los convenios colectivos. Esto genera una incertidumbre jurídica que podría frenar o complicar el proceso de privatización planificado para 2026.
Concluyendo: oficialmente, la Usina de 240 MW no será terminada con fondos públicos. Su futuro depende de que la nueva sociedad anónima logre atraer un inversor privado dispuesto a poner el capital de riesgo para reparar el Módulo 1 y operar la planta. Mientras tanto, el Estado solo garantizará los sueldos para evitar el conflicto social, manteniendo la usina en un estado de “mantenimiento mínimo” a la espera de un comprador. (Agencia OPI Santa Cruz)