La madrugada trajo finalmente el resultado que el Poder Ejecutivo esperaba con ansias. Tras una jornada de discusiones extensas y roscas de pasillo, el Senado aprobó en general el proyecto de modernización laboral. La votación cerró con 42 votos afirmativos, un número que el oficialismo logró consolidar gracias a un tejido de alianzas que incluyó al radicalismo, el PRO y una variopinta representación de bloques provinciales.
La Casa Rosada movió sus piezas con precisión quirúrgica. El apoyo de gobernadores como Gustavo Sáenz de Salta, Ignacio Torres de Chubut y Rolando Figueroa de Neuquén resultó vital para inclinar la balanza. Del otro lado, el peronismo abroqueló 30 votos en contra, entre los que se contaron los dos legisladores de Santa Cruz, quienes se mantuvieron firmes en el rechazo junto al bloque Justicialista y el Frente Cívico de Santiago del Estero.
La presencia en el recinto de figuras de peso como Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli subrayó la importancia política de esta sesión. No era para menos. Lo que se jugaba era el corazón de la agenda económica oficialista, esa que busca cambiar las reglas del juego entre empleadores y trabajadores.
El texto establece incentivos para el empleo formal mediante la baja de impuestos, pero también introduce topes a las indemnizaciones y crea un polémico banco de horas. Además, la norma impone límites al derecho de huelga en servicios considerados esenciales, una medida que promete ser el próximo foco de conflicto en las calles.
Un detalle que no pasó desapercibido fue la inclusión de último momento del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Al no poder tratarlo como proyecto independiente por las restricciones de las sesiones extraordinarias, el oficialismo lo anexó como un parche legal para asegurar su avance.
En cuanto al manejo del dinero, las billeteras virtuales quedaron fuera de la posibilidad de pagar sueldos, a menos que se ajusten a las estrictas normas del Banco Central. Por otro lado, los aportes a los gremios y cámaras empresarias ahora tendrán techos del 2% y 0,5% respectivamente, un golpe directo a la caja de las estructuras tradicionales.
La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) fue el punto que más ruido generó, incluso entre quienes acompañaron la ley en general. Este fondo, destinado a financiar despidos, se alimentará con aportes de las empresas que antes iban a la Anses, lo que abre un interrogante sobre el futuro financiamiento del sistema previsional. (Agencia OPI Santa Cruz)