(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de Santa Cruz, formalizó un acuerdo mediante el cual la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) es la encargada de auditar el pasivo ambiental dejado por YPF en las áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge que fueron revertidas a la provincia.
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La FIUBA, de acuerdo a la consigna oficial, actúa como una auditoría externa e independiente para garantizar transparencia y rigor técnico en la determinación del estado real de los pasivos generados por décadas de explotación petrolera.
El relevamiento incluye recorridas de campo, toma de muestras, verificación de instalaciones abandonadas, evaluación de pozos inactivos y revisión de suelos, ductos y estructuras.
De acuerdo a los datos expresados contractualmente, utiliza una metodología unificada basada en criterios de vulnerabilidad hídrica, sensibilidad ambiental, análisis de riesgo y balance ambiental para clasificar y priorizar los pasivos según su impacto.
Sin embargo, fuentes del petróleo de Caleta Olivia a las que tuvo acceso esta Agencia, pusieron en duda que la FIUBA sea quien realmente realice el informe técnico ambiental sobre las áreas abandonadas y nos confió esta calificadísima fuente de zona norte que se trataría “de una pantalla” para cubrir legalmente las acciones de una Fundación dedicada hace años a este trabajo y relacionada directamente con YPF.
Esto confirmaría que quien realiza el trabajo de auto-relevarse, es la propia petrolera estatal, quien, junto con el gobierno provincial, decidieron poner en el medio a una institución privada llamada “Fundación Cricyt” de la provincia de Mendoza, la cual investigamos para establecer la relación entre las partes involucradas, los millones de dólares que hay en juego en este negocio y la rigurosidad que realmente tendrá el trabajo al final del proceso en Santa Cruz.
Como primera medida acudimos a los registros oficiales (base de datos comerciales y empresarios) que situaron a la Fundación Cricyt oriunda de Mendoza como una institución privada muy importante en esa provincia la cual tiene entre sus componentes gente del Conicet, pero estuvo involucrada a un escándalo documentado en los expedientes judiciales caratulada como la causa “Oikos c/ Gobierno de Mendoza” y no fue solo sobre el contenido de sus evaluaciones, sino sobre la forma de contratación y la competencia, lo que coronó este escándalo de proporciones gigantescas.
La autoridad ambiental de Mendoza designó de manera directa a la Fundación CRICYT (una entidad privada vinculada al centro de investigación) para realizar el Dictamen Técnico sobre los estudios de impacto ambiental de YPF (específicamente para el “Plan de Acción II” y posteriormente para proyectos de fractura hidráulica) en esa provincia.
La ONG Oikos y legisladores, denunciaron que esto era ilegal, ya que la ley exigía que el dictamen fuera realizado por organismos públicos competentes (como el Instituto Nacional del Agua – INA) o universidades y no por una fundación privada, lo que se interpretó como una maniobra para “tercerizar” y agilizar la aprobación de estudios que tenían serias deficiencias.
El Copy Paste
Se denunció que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por YPF y validado por la Fundación CRICYT era de “pésima calidad”, conteniendo generalidades teóricas que parecían copiadas de manuales o de otros yacimientos, sin datos de campo específicos (“línea de base”) sobre la realidad hidrológica de la Laguna de Llancanelo.
Es importante notar que recientemente estalló un escándalo muy similar donde un informe de la UNCuyo detectó explícitamente un “ejercicio de copiar y pegar” (incluyendo errores de tipeo) en los informes de impacto ambiental del proyecto Malargüe Distrito Minero, el cual comparte ubicación geográfica con Llancanelo. Es posible que la “técnica del copy-paste” se esté asociando a ambos eventos por la similitud en la desprolijidad técnica, señalaron las fuentes periodísticas consultadas en Mendoza.
Resumiendo los documentos oficiales confirman que la intervención de la Fundación CRICYT fue declarada irregular por la justicia (Fallo de la Corte Suprema de Mendoza que suspendió la actividad), debido a que validó estudios de YPF carentes de rigor científico específico para el humedal, lo que se describió coloquialmente como la presentación de informes “genéricos” o “copiados”.
En ese marco y contando con la colaboración de un colega mendocino, accedimos a un informe que resume y aborda las investigaciones sobre irregularidades, filtraciones y el manejo de pasivos ambientales en la gestión de YPF, conectando con el contexto de denuncias por falta de transparencia técnica.
Nadie pregunta, nadie investiga
Ahora viene la pregunta que debería responder el gobierno de Santa Cruz ¿La FIUBA que interviene oficialmente en la realización del Informe Técnico Ambiental, sobre el saneamiento de zona norte en los pasivos que dejó YPF, realmente destaca personal propio en el campo para relevar el pasivo dejado por YPF, o como resulta de nuestra investigación, quien realmente está detrás de todo es la subcontratada Fundación Criscyt, fuertemente vinculada con la petrolera estatal a cargo de Marín desde hace años e involucrada en serias irregularidades en la provincia de Mendoza, lo cual está judicializado y con gravísimas consecuencias institucionales y ambientales?.
La respuesta debería darla el gobierno de la provincia, lo cual, claro está, nunca sucederá. (Agencia OPI Santa Cruz)
SI NECESITAN INFORMES TRUCHOS Y FLOJOS DE PAPELES EN AMBIENTE SEGURO VAN A LLAMAR A JANUT Y ASOCIADOS, APROPIEADOR DE TITULOS FALSFICADOR DE FIRMAS Y SOCIO DE GERENTES EN PETROLERAS Y MINERAS PARA QUE LE DEN TRABAJO. SOCIO DE COPESA, SOCIO DE MINISTROS Y SUBSERETARIOS. HERMOSO PERSONAJE.