(Por: Rubén Lasagno) – A través de nuestras fuentes en El Calafate llegó a nuestras manos un documento que consiste en un reciente “Acuerdo” realizado por “Santa Cruz Puede SAU”, con una empresa de esa localidad denominada “Agrocalafate S.A.S”.
Se trata de un “Contrato de Cesión de Uso de Maquinaria Agrícola” donde las fuentes indican una alianza estratégica de explotación agrícola entre el Estado (vía la SAU) y un privado. Por el documento la empresa estatal cede maquinaria para la producción de granos y forrajes, buscando reducir costos de insumos para la ganadería local (específicamente para la planta de alimentos balanceados de la provincia). Hasta acá no habría nada reprochable, teniendo en cuenta que el gobernador Claudio Vidal impulsa fuertemente la actividad en esa parte de la provincia. El problema asoma cuando se analiza detalladamente el convenio, las condiciones, los actores y los objetivos y responsabilidades de cada uno.
El ”objeto” es la cesión de uso “exclusivo” y “no transferible” de maquinaria agrícola de Santa Cruz Puede S.A.U. a favor de Agrocalafate S.A.S. para labores en campos determinados, como la Estancia Alice.
Lo curioso del documento asoma cuando uno repasa las condiciones económicas (cláusula cuarta) de contrato donde establece un esquema técnicamente denominado de aparcería o retribución en especie/porcentaje.
El Estado le garantiza un canon por uso (a la empresa) de un 35% de la producción trimestral o de la cosecha obtenida con dicha maquinaria; el 65% restante queda para la empresa privada. Si Agrocalafate aporta los insumos (semillas, gasoil, mano de obra, etc), se mantiene el esquema del 35% del total como canon para la SAU y en el plazo de vigencia se establece una duración indefinida, lo cual es una particularidad llamativa en contratos de gestión pública.
En este punto es muy relevante destacar que, aunque se presenta como una colaboración público-privada para “sustituir importaciones de granos“, el contrato otorga el uso de bienes del Estado de forma indefinida a una S.A.S. de reciente formación, bajo un esquema de reparto de producción de 35% para el Estado, 65% para el privado.
Dato al margen pero no menos importante
El Estado provincial y la SAU revelan un dato curioso, al momento de “dar fe” de los contratos o acuerdos oficiales, como el que describimos en este informe y otros que vamos a analizar más adelante.
El acuerdo tiene tres firmas al pie: Gustavo Adrián Sívori por “Santa Cruz puede SAU”, Sebastián Mariano López por Agrocalafate y como Notaria firma la escribana María Belén Garcia.
Curiosamente, a pesar de escuchar al gobernador Vidal en cada discurso criticar enfáticamente al kirchnerismo y acusarlos elípticamente de chorros (antes se robaba y ahora no), para legalizar los documentos oficiales recurre a la hermana de Rocío García que surge como la Escribana de la SAU emblema (y orgullo) del gobierno provincial. Rocío es la ex mujer de Máximo Kirchner, diputada y férrea defensora de los principios kirchneristas, quien se erige como la oposición del gobierno del SER en la Cámara de Diputados.
Y Belén García tiene una historia personal y político muy comprometido con el kirchnerismo. Camporista de cuna, fue “asesora” del ex diputado Mauricio Gómez (FPV) cuando era legislador y siguió siendo parte de su equipo cuando el camporista Gómez, se desempeñó frente a Vialidad Provincial.
Ahora tenemos la duda: cuando escuchamos a Claudio Vidal criticar al kirchnerismo y recurrir a ellos en la gestión, nos preguntamos si el mandatario juega a dos puntas, carece de gente propia a su alrededor o realmente, nunca se fue del krichnerismo?
Cómo hacer plata, sin plata
De acuerdo a nuestras fuentes y el cruce de datos comerciales, societarios, oficiales y fiscales que realizamos para armar esta investigación, pudimos establecer que la empresa calafatense opera bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), un tipo societario que permite una constitución rápida y a menudo, con un capital mínimo.
El Administrador es Tomás Francisco Ciurlanti (DNI 38.450.555) un joven productor agropecuario radicado en El Calafate. En registros comerciales a los que accedimos, figura vinculado a actividades de “Servicios de apoyo agrícolas y ganaderos” y “Cultivo de cereales“. Es el rostro visible que gestionó el proyecto ante el gobernador Claudio Vidal en febrero de 2025.
El socio firmante de Agrocalafate SAS es Sebastián Mariano López (DNI 38.450.553). curiosamente su DNI es correlativo al de Ciurlanti, lo que indica que pertenecen a la misma generación. López aparece firmando el contrato de cesión junto a Ciurlanti, lo que lo sitúa como parte del órgano de administración o socio con poder de firma.
Asimismo,en entrevistas relacionadas con el proyecto en Estancia Alice y Cerro Frías, se menciona la participación de la familia Bárcena, quienes aportarían parte de la tierra o infraestructura física donde se ejecutan las labores que mencionamos al principio establecidas en el acuerdo.
Las fuentes del gobierno provincial que ampliaron nuestra recolección de datos, nos hicieron observar un detalle no menor; la relación entre ambas entidades (Santa Cruz Puede y Agrocalafate) no es solo comercial, sino de dependencia operativa directa. Y acá aparece otro dato llamativamente curioso.
Santa Cruz Puede S.A.U. (presidida por el ex militar Gustavo Sívori) es la que aporta el “músculo” financiero y tecnológico o sea el “Capital estatal”, la plata. El Estado compró la maquinaria (sembradoras, segadoras, tractores,etc) a través del Consejo Agrario Provincial (CAP) como veremos más adelante.
Pero en lugar de que el Estado explote directamente sus tierras o las de terceros con empleados públicos, utiliza a Agrocalafate S.A.S. como un operador privado que pone la “expertise” y la gestión del personal.
Y acá un gran detalle que incluye muchas sospechas de corrupción:el contrato de cesión indefinida le permite a Agrocalafate SAS disponer de maquinaria de alto costo (valuada en millones de dólares) sin haber realizado la inversión de capital, quedándose con el 65% de la producción resultante.
Agrocalafate SAS
La sede social declarada en el contrato es Santa Fe 645 de El Calafate, coincide con estudios contables o gestorías en la zona, es una práctica común en la fijación de sedes sociales para S.A.S. en formación. Sin embargo, cualquiera pediría que una sociedad que contrata en estos términos con el Estado provincial tenga al menos tres condiciones básicas: trayectoria, Agrocalafate no la tiene, fue creada en noviembre del 2025 poco antes que la provincia iniciara esta comercialización con privados a través de la SAU, capital: Agrocalafate carece del mismo, fue creada con un depósito de 300 mil pesos y sin domicilio operativo/comercial, es decir, con instalaciones que respalden que Agrocalafate no es solo una firma en un papel o, como las fuentes nos han señalado, una sociedad “ad hoc” es decir, creada para este contrato de cesión de maquinarias, específicamente.
La velocidad de contratación (constitución en 2024 y contrato de cesión indefinida en 2025) indica una fuerte validación política desde el Ejecutivo. El nexo principal es la figura de Gustavo Sívori (Presidente de la SAU), quien actúa como el puente entre la decisión política de Vidal y la ejecución privada de Agrocalafate.
El esquema contractual analizado para esta investigación, revela condiciones sumamente favorables para la S.A.S, ya que la misma no tiene riesgo de capital. Agrocalafate no tuvo que endeudarse para comprar maquinaria pesada. El Estado (vía la SAU) absorbió el gasto de capital inicial (CAPEX).
Como dijimos, el contrato no establece una fecha de finalización (Cláusula Quinta: “duración indefinida”). Esto es inusual en la administración pública, ya que otorga un derecho de uso de bienes estatales a perpetuidad mientras no haya incumplimientos graves.
A esto debemos agregarle que no existen registros de un llamado a concurso para que otras empresas de la provincia pudieran acceder a este esquema de “maquinaria gratis a cambio de un porcentaje“. Ahora bien, sería clave verificar si la maquinaria tiene rastreo satelital para asegurar que se usa exclusivamente en los fines del contrato y no en campos particulares de terceros fuera del convenio, por ejemplo.
¿De dónde vienen las máquinas?
Como lo confirman nuestras fuentes, la inversión pública para la compra de las maquinarias no fue un gasto aislado, sino, una serie de compras estratégicas realizadas por el Consejo Agrario Provincial (CAP) bajo la gestión del actual gobernador Claudio Vidal, utilizando fondos recuperados de programas nacionales (Fondagro) que estaban inactivos.
Las maquinaria que hoy opera el privado bajo la órbita de Santa Cruz Puede S.A.U. proviene principalmente de estas partidas:
| Documento / Licitación | Objeto de la Compra | Inversión Estimada | Estado |
| Licitación Pública 02/2024 – CAP | 2 enfardadoras, 3 segadoras, 2 rastrillos y 2 hojas niveladoras. | $ 300.000.000 | Adjudicada (Nov 2024) |
| Licitación Pública 01/2024 – CAP | Adquisición de 1 Tractor Viñatero 0km (Convenio CFI). | $ 120.000.000* | Ejecutada (Jun 2024) |
| Fondos Fondagro (Recuperados) | Equipamiento forrajero para valles productivos. | Incluida en los 300M | Ejecutada |
Cabe aclarar que los montos expresados son valores históricos al momento de la licitación. A valores actuales de 2026, la reposición de este parque de maquinaria entregadas a un privado, supera ampliamente los 700 millones de pesos.
La triangulación de los Activos Públicos
En OPI ya detallamos en informes anteriores, que la SAU fue creada por el gobierno para escapar a los controles parlamentarios en materia de inversiones y hacer, a través de esta figura sui géneris, todo tipo de negocios en los cuales (como el presente caso) le da apariencia de “contrato entre dos privados”, pero es una fiesta entre el Estado provincial y algunos amigos, mientras quien pone la plata es el pueblo de Santa Cruz.
El procedimiento es así: El CAP realizó la licitación pública, compró la maquinaria y pagó con fondos del erario provincial. Posteriormente los bienes fueron puestos a disposición de la SAU quien los transfirió o puso a disposición de Santa Cruz Puede S.A.U. (empresa estatal) para “proyectos estratégicos”, finalmente la SAU firmó el contrato de “Cesión de Uso” (el documento que citamos acá) con Agrocalafate S.A.S., entregándole el control operativo de los equipos por tiempo indefinido.
Mientras el Estado invirtió más de $ 300 millones en equipos, la empresa beneficiaria (Agrocalafate S.A.S.) se constituyó con un capital mínimo (inferior a $1 millón), lo que marca una desproporción absoluta de riesgo.
Cabe observar que el contrato no especifica quién asume el costo de las pólizas y reparaciones mayores de una maquinaria que, por su uso intensivo en zonas como Estancia Alice, tenga un desgaste acelerado y tampoco hay registro de que la SAU haya invitado a otros productores o cámaras agrarias a competir por el uso de esta maquinaria pública.
El listado de maquinaria cedida a Agrocalafate S.A.S. coincide con el lote adquirido por el CAP en noviembre de 2024 mediante la Licitación Pública 02/2024. Los fondos (aprox. $300 millones) fueron recuperados del programa nacional Fondagro.
De acuerdo a los pliegos y actas de recepción, el equipamiento que hoy está bajo control del privado incluye:
2 Enfardadoras de pasto: equipos de alta densidad para la producción de fardos y rollos.
3 Segadoras (Cortadoras de pasto): utilizadas para el corte de precisión de alfalfa y forrajes.
2 Rastrillos: de tipo giroscópico o entrega lateral para hilerado.
2 Hojas niveladoras de rastra: para la preparación del suelo en valles productivos.
1 Tractor Viñatero 0km: adquirido previamente mediante la Licitación 01/2024 (Convenio CFI), destinado específicamente a tareas de precisión en cultivos intensivos.
Los números de serie de estos equipos figuran en las Actas de Adjudicación definitiva de dichas licitaciones. Al ser bienes del Estado provincial, están inventariados en el patrimonio del CAP bajo el rubro “Maquinaria y Equipo”.
La adquisición de “los fierros” se hizo por Licitación Pública (01 y 02/2024), cumpliendo los pasos legales de transparencia en el gasto, sin embargo no existe registro de un concurso público de proyectos, licitación de servicios o llamado a interesados para la explotación de dicha maquinaria. La adjudicación a Agrocalafate S.A.S. se realizó bajo la figura de “Convenio de Colaboración Estratégica” o “Asociación Público-Privada” firmada directamente por Gustavo Sívori (Presidente de la SAU). El argumento oficial, vertido por Sívori en la Legislatura en junio de 2025, es que la SAU actúa como un “facilitador” que busca socios privados con capacidad técnica probada para “dinamizar la matriz productiva”.
Adjudicación directa, fundamento de la SAU
Tal como resulta de manera conclusiva en la investigación que realizamos, al no haber un llamado a concurso, otros productores de la zona (como las cooperativas de Gobernador Gregores o Los Antiguos) no tuvieron la oportunidad de ofrecer mejores condiciones que el 35% de canon que aceptó Agrocalafate S.A.S.
La empresa Agrocalafate SAS, fue inscrita en el registro poco antes de los anuncios oficiales, lo que en términos de investigación periodística sugiere una contratación de una firma ad hoc.
Al ser una S.A.U. (Sociedad Anónima Unipersonal), Santa Cruz Puede se rige por el derecho privado para sus contratos, lo que le permite eludir la Ley de Contabilidad Pública que exigiría una licitación para entregar el uso de bienes del Estado a un tercero. Esto lo dijimos y analizamos en otros informes donde dimos los verdaderos motivos del gobierno para crear esta figura sui géneris.
Si estuviéramos en una provincia donde funcionara la justicia, los organismo de controles y hubiera legisladores y/o funcionarios moralmente viables, habría denuncias, pedidos de información y todo tipo de movimientos políticos para determinar por qué el Estado gastó más de $300.000.000 en comprar máquinas nuevas y apenas meses después, la empresa estatal las entregó de forma directa e indefinida a una S.A.S. de reciente formación, sin permitir que otros actores del sector compitieran por ese beneficio.
No es bueno siempre pensar mal, pero peor es pensar bien sobre los hechos que claramente demuestran que detrás de todo esto hay una manipulación estrafalaria que combina poder, fondos del Estado provincial y corrupción. (Agencia OPI Santa Cruz)
Algo que no entiendo (entre otras muchas cosas) si la maquinaria la compro el CAP, es decir que son de la provincia, y SANTA CRUZ PUEDE SAU, no es “la provincia” es una empresa estatal con capital y autoridades “independientes de la provinicia” por lo tanto no puede disponer de bienes que son de la provincia, salvo que haya habido una transferencia anterior del CAP a SCP SAU que la nota no menciona, por lo tanto SCP SAU estaría diponiendo de bienes ajenos y el CAP malversando bienes públicos. Algo mas: si mal no recuerdo el proyecto provincial VIÑATERO, es en Lago Posadas entonces porque se le cede un “tractor viñatero” a gente de Calafate?
Los fundamentalistas de la jefa son de cuarta, la cámpora se convirtió en una S.A porque lo único que hoy hacen son negocios a ESPALDAS (Como dicen en sus posteos de redes) de las ideas que pintas en las paredes. Adictos a las órdenes de compra, sean de quien sean. Averiguen con quien esta la conducción y sus fundamentales, vayan por negocios locales y se van a llevar sorpresas.