El titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, emitió un explosivo documento de 201 fojas. El fiscal federal exige la captura internacional inmediata del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi.
La acusación formal reactiva la investigación por la voladura de la AMIA del 18 de julio de 1994. El magistrado requirió además el procesamiento urgente de otros diez ciudadanos de origen iraní y libanés.
El dato clave señala al Consejo Supremo de Seguridad Nacional del Gobierno de Irán. Los funcionarios asiáticos levantaron la mano en 1993 para habilitar la masacre en territorio sudamericano.
Los acusados de alto perfil incluyen al ex ministro de Inteligencia Alí Fallahian. Basso también apunta contra el titular de Asuntos Exteriores Alí Akbar Velayati y el ex comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai.
La situación geopolítica suma tensión extrema con la inclusión de Ahmad Vahidi, ex líder de Al Quds. El gobierno oriental nombró a este dirigente como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria apenas la semana pasada.
De acuerdo a los datos analizados, la investigación destapó una red de espías operando bajo inmunidad diplomática. Las órdenes de captura alcanzan al ex embajador Hadi Soleimanpour y al agregado cultural Mohsen Rabbani.
El tercer secretario de embajada Ahmad Reza Asghari integraba la misma asociación ilícita. Los tres aportaron logística y ocultaron evidencias vitales tras la detonación mortal en la mutual.
El rastreo judicial confirma la participación fundamental de la organización Hezbolá. El fiscal exige encausar a los hermanos Salman Raouf Salman y Abdallah Salman por su rol táctico en el terreno.
Lo cierto es que las maniobras fronterizas involucran finalmente al comerciante libanés Hussein Mounir Mouzannar. Este individuo facilitó documentos apócrifos desde Paraguay para blindar la identidad de Salman Raouf Salman. (Agencia OPI Santa Cruz)