Así operan las “empresas de seguridad” en la provincia de Santa Cruz

(Por: Rubén Lasagno) – Desde hace algún tiempo venimos desarrollando una investigación sobre la forma en que actúan las empresas de seguridad privada en Santa Cruz; la mayoría de ellas con conexiones directas con funcionarios del poder provincial y específicamente vinculadas al Ex Ministro de Trabajo Julio Gutiérrez y el Ministro de Seguridad Pedro Prodomos.

La última de las empresas detectadas en Caleta Olivia es Black and Green Servicios de Seguridad Privada S.A.S la cual registra en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz N° 5790 (Edicto publicado el 6 de julio de 2023) fecha de constitución el 27 de junio de 2023 con jurisdicción legal en el Juzgado Provincial de 1era Instancia N° 1, en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería (Caleta Olivia, Santa Cruz) y sede social en Las Violetas Nº 2085, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.

Los socios inscriptos son: Alberto Bernardo Quarta de Caleta Olivia quien suscribe 100.000 acciones y María Ángela Quiroga domiciliado en Barrio Mar del Plata, Caleta Olivia quien posee 100.000 acciones.

La empresa de seguridad revela conexiones institucionales, sindicales y judiciales de extrema relevancia, particularmente en torno a uno de sus titulares, Alberto Quarta quien figura en los registros oficiales como miembro activo de la Comisión Directiva (ocupando cargos como Secretario de Actas y Organización y/o Vocal Titular) del gremio UPSAP (Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de la Patagonia), fundado y liderado por Julio Norberto Gutiérrez.

Quarta constituyó la empresa comercial dedicada a brindar servicios de seguridad privada mientras ejercía en paralelo como alto directivo del sindicato que regula a los trabajadores de ese mismo rubro, bajo el paraguas político de quien luego sería el Ministro de Trabajo encargado de fiscalizar la actividad en la provincia. Sin embargo, no se pudo establecer que actualmente, esta empresa esté activa y dependiente del Estado provincia, por el momento.

A nombre de terceros

Tras un relevamiento exhaustivo en los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz y bases de datos comerciales, no se han detectado sociedades comerciales (S.A., S.R.L., o S.A.S.) inscriptas directamente a nombre éstos y/o de los demás miembros de la cúpula del sindicato UPSAP (Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de la Patagonia).

Esto demuestra que la conformación de Black and Green Servicios de Seguridad Privada S.A.S. por parte de Alberto Bernardo Quarta (Secretario de Actas y Organización) representa una anomalía grave y probada. En este tipo de esquemas, los dirigentes sindicales rara vez figuran en los instrumentos públicos constituyendo empresas en el mismo rubro que fiscalizan, operando habitualmente a través de testaferros para evitar el cruce patrimonial.

Para dimensionar la red, es fundamental identificar a los miembros de la comisión directiva de UPSAP denunciados formalmente por la empresa Secar Security Argentina S.A. (ex Securitas) ante la Justicia Federal de San Martín, acusados de pergeñar una maniobra para apropiarse de más de $720 millones mediante el reclamo fraudulento de aportes sindicales (período 2018-2022).

En la Comisión Directiva de la cual Quarta forma parte, todos sus miembros están atravesados por un proceso judicial de gran envergadura en la Justicia Federal. En base al juicio generado por la estructura bajo investigación judicial está conformada por:

Julio Norberto Gutiérrez: Secretario General (ex Ministro de Trabajo provincial y parlamentario del Mercosur).

Jorge Clemente Avilés: Secretario Adjunto.

Domingo Luis Oscarez: Secretario Administrativo y de Finanzas.

Ariel Esteban Farías: Secretario Gremial.

Alejandro Mario Gamboa: Secretario de Vivienda y Turismo.

Laura Mariana Potas: Secretaria de la Mujer.

Maximiliano Damián Zapata: Secretario de Interior.

Vocales: Bruno Nicolás Avilés Agostinelli, Cristián Nelson Basualdo y Juan Eduardo Coronado.

El brazo operativo: Juan Marcelo Soria (Inspector de Fiscalización) y Julio César Núñez (Apoderado legal).

Patrimonios y embargos

El núcleo procesal de la causa (FSM 23642/2024) radica en la confección de un “certificado de deuda ideológicamente falso“, en el cual se habrían alterado nóminas e incluido trabajadores ajenos a la firma de seguridad para inducir al engaño al juez federal y lograr un embargo automático.

Al no hallarse empresas legales a nombre de la mayoría de estos dirigentes, la Justicia ha ido directamente contra sus patrimonios personales. A fines de diciembre de 2025, el juzgado dictó el procesamiento de la cúpula operativa de la maniobra (Julio Gutiérrez, el abogado Julio César Núñez y el inspector Juan Marcelo Soria) por estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos falsos. A los tres se les trabó un embargo preventivo por $250.000.000 a cada uno.

Modus Operandi

El cruce de los nombres de la comisión directiva con el sistema de proveedores del Estado y licitaciones públicas en Santa Cruz arroja resultados negativo.

Esta ausencia de adjudicaciones directas refuerza la principal hipótesis investigativa de la justicia: la estructura de UPSAP no se capitalizaba compitiendo lícitamente en el mercado de la seguridad privada a través de empresas propias, sino mediante la instrumentalización del aparato sindical y judicial para asfixiar financieramente, mediante embargos ejecutivos, a las firmas de seguridad que ya prestaban servicios en los grandes yacimientos mineros y petroleros de la provincia. Para eso necesitan el “permiso” del gobierno provincial que mira para otro lado y el de las empresas blanco de los servicios.

Mecanismo de rentabilidad

La rentabilidad de estas empresas de seguridad “privadas” (con anclaje en funcionarios provinciales o participación de integrantes del sindicato) no proviene de presentarse a licitaciones públicas transparentes del Estado, sino de operar sobre el sector privado regulado (minería, petroleras y grandes superficies comerciales).

El accionar de estas empresas es comprobable ciento por ciento y basta con hacer una búsqueda paciente y pormenorizada en Boletines Oficiales, registros comerciales y licitaciones, para descubrir como funcionan y es eso precisamente, lo que hicimos nosotros.

El “modelo Santa Cruz para la empresas de seguridad” utiliza la potestad del Estado (inspecciones rigurosas del Ministerio de Seguridad o Trabajo) o el peso del sindicato (bloqueos de UPSAP) para hostigar a las empresas de seguridad foráneas como ocurrió con Security International, que prestaba servicio en los hospitales públicos o la paralización ante el ingreso de Huarpe S.R.L. en minera Santa Cruz.

Al asfixiar operativamente a las contratistas en los yacimientos, se empuja a las operadoras mineras o petroleras a contratar a las firmas “locales” apadrinadas por el entorno de los funcionarios o dirigentes sindicales.

Al facturarle directamente a operadoras privadas (como Minera Santa Cruz u otras), éstas empresas eluden la Ley de Contrataciones Públicas, los controles de transparencia del Estado y el escrutinio del Tribunal de Cuentas provincial.

Como se ve, hay un interés recíproco de este modelo de parte de todas las partes involucradas y por esta razón, este modelo de apariencias se mantiene con gran interés de parte de los sectores privados y públicos en la provincia de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)