(Ushuaia – OPI TdF) – La terminal portuaria de la capital fueguina se ha transformado en el epicentro de un conflicto de jurisdicciones que escala hora tras hora. El gobernador Gustavo Melella recibió en Casa de Gobierno a una nutrida comitiva de gremialistas y referentes del Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, buscando blindar políticamente su gestión ante la avanzada de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Lo cierto es que la intervención dispuesta por Miguel Iñaki Arreseigor está a punto de cumplir 60 días, un plazo que ha dejado al desnudo la fragilidad institucional de la provincia. La preocupación no es solo la autonomía política, sino la parálisis operativa que afecta directamente el sustento de 140 trabajadores que hoy tienen el ingreso prohibido a sus puestos laborales.
No existe un decreto presidencial que respalde la medida, lo que motivó duras críticas de Ricardo Alonso (APDFA). El dirigente calificó la maniobra como un acto “ilegítimo e inconstitucional”, remarcando que se trata de una invasión directa sobre la jurisdicción de Tierra del Fuego sin los pasos administrativos legales que exige la ley.
El conflicto no es una abstracción legalista: es la parálisis de la principal puerta de entrada de recursos y turismo. En la reunión, figuras como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Rodolfo Aguiar (ATE) alinearon filas con el Ejecutivo provincial, advirtiendo que el caso Ushuaia podría ser el laboratorio para futuras intervenciones en otras provincias.
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, y el secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, intentan contener un frente que ya suma ribetes judiciales. Mientras tanto, José María Lojo, del Consejo Portuario Argentino, advirtió que el mecanismo utilizado vulnera leyes vigentes y crea un antecedente peligroso para el federalismo y el manejo de los recursos propios.
La resistencia fueguina se apoya ahora en la presión sindical nacional. Sin embargo, mientras los discursos sobre la soberanía se multiplican en los despachos oficiales, 140 familias locales siguen en la incertidumbre total, rehenes de una disputa de poder entre Nación y Provincia que parece lejos de resolverse en el corto plazo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)