El secretario de Desregulación Alejandro Cacace salió a blindar el nuevo régimen de propiedad intelectual con una promesa categórica sobre el valor de los tratamientos médicos. Frente a las críticas normativas, el Ejecutivo asegura que ningún fármaco será retirado y que los precios actuales permanecerán intactos en los mostradores.
El funcionario sostiene que los productos ya aprobados seguirán comercializándose sin exclusión ni retribución adicional luego de cruzar datos entre las solicitudes y las aprobaciones vigentes. Sin embargo, la reforma implicó sepultar una resolución del año 2012 que imponía severas trabas para el registro de patentes farmacéuticas. En la práctica, el antiguo esquema operaba con una altísima tasa de rechazo legal que paralizaba los expedientes.
Esta medida funciona solamente como un incentivo hacia adelante para atraer terapias inéditas. Pese a garantizar que la duración de exclusividad se mantendrá en los estándares internacionales de 20 años, la administración nacional necesita convencer a una ciudadanía escéptica de que liberar las condiciones para los laboratorios no se traducirá en un golpe encubierto al sistema de salud.
La promesa de inversión frente al riesgo en los mostradores
El funcionario esgrime como primer triunfo de esta apertura el inminente desarrollo de un centro global de investigaciones a cargo de Pfizer en la Argentina. Aunque desde la cartera de Desregulación insisten en descartar futuros impactos en las cuotas y en los precios, la verdadera prueba de fuego para el bolsillo del paciente ocurrirá cuando las nuevas innovaciones deban ser absorbidas por el circuito comercial.
La estrategia gubernamental avanza sobre una hoja de ruta que ya contabiliza 15.000 normas modificadas o derogadas. El próximo horizonte apunta a replicar el reconocimiento de la rentabilidad por innovación en el mercado de semillas agropecuario bajo la premisa de evitar la pérdida de productividad. Un modelo de alineación a las reglas internacionales que, por ahora, se sostiene sobre declaraciones de indemnidad para un consumidor ya castigado. (Agencia OPI Santa Cruz)