La administración central extendió el plazo para que las provincias formalicen su adhesión al sistema de compensación de deudas, otorgando una ventana de 60 días hábiles adicionales para un proceso que avanza con lentitud burocrática. Bajo la apariencia de un ordenamiento de las cuentas públicas, el Decreto 171/2026 busca captar a las jurisdicciones que todavía no manifestaron su voluntad de participar ante la Secretaría de Hacienda.
Este mecanismo, bautizado como Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, permite que las partes acuerden compensaciones y conciliaciones para limpiar sus balances de deudas mutuas. Sin embargo, la prórroga del plazo original, establecido en el Decreto 969/2024, sugiere que la confianza federal en el sistema no es tan sólida como el discurso oficial pretende mostrar.
Un esquema que posterga las definiciones contables hasta fines de 2027
Para las provincias que ya están adentro, como es el caso de Santa Cruz, la nueva normativa estira el límite para presentar documentación respaldatoria hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto significa que la legitimidad de las obligaciones y los informes técnicos sobre la verosimilitud de los montos propuestos para el canje podrán dilatarse casi dos años más, postergando la resolución real del conflicto financiero.
La norma también establece que, en caso de discrepancias entre las cifras de Nación y las provincias, se abrirá una instancia de negociación de hasta 180 días hábiles. Durante ese periodo, se apela a la “buena fe” para resolver las diferencias, aunque la responsabilidad final por los montos ofrecidos recaerá exclusivamente en cada una de las partes firmantes.
El texto publicado en el Boletín Oficial limita la intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la Nación solo a casos específicos donde existan litigios judiciales o arbitrales reconocidos por el Estado.
Hasta el momento, solo han adherido formalmente Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes. El resto de las jurisdicciones ahora cuenta con dos meses adicionales para decidir si entran en este juego de compensaciones que, por ahora, solo parece servir para ganar tiempo administrativo. (Agencia OPI Santa Cruz)