(Por: Rubén Lasaagno) – La Ministra de Gobierno de Santa Cruz Belén Elmiger salió a marcar posición frente a la reacción social y sindical de ayer jueves 26, cuando los gremios de toda la provincia y ciudadanos sin afiliación, familiares de policías y vecinos de esta capital, se dieron cita frente a la Legislatura provincial para rechazar el Proyecto de Emergencia Económica que no tiene consenso social, es contraria al interés de los trabajadores y particularmente se enfrenta con el universo gremial de Santa Cruz por cuanto ataca de manera directa a los derechos laborales, el salario y las negociaciones paritarias.
En ese marco la Ministra Elmiger demostró desesperación por la necesidad imperiosa que tiene el gobierno de aprobar esta herramienta de ajuste y control de los aspectos básicos establecidos para cualquier gremio y/o trabajador, toda vez que el espíritu de la norma implica un avance y avasallamiento del Estado sobre esos derechos consagrados en la Constitución y en los CCT como es el salario y las negociaciones Paritarias. Pero la funcionaria hace un recorte quirúrgico de su discurso para adaptarlo al mensaje de que todos nosotros estamos en peligro si esto no se aprueba, cuando en realidad el problema financiero viene de otras malas decisiones gubermentales y no precisamente debería ser el salario y las jubilaciones la variable de ajuste para acomodar los números de la provincia. Y si el lector hace memoria, ésta era la premisa de Claudio Vidal cuando estaba en campaña a la gobernación.
La Ministro remarco “la necesidad de avanzar con al Ley de Emergencia para sostener el financiamiento del Estado”, pero no dijo ni una sola palabra de cómo y por qué el gobierno no ataca sus propios privilegios, no recorta su sobredimensionado gasto ni aplica una receta restrictiva al cuerpo de funcionarios políticos, asesores, inversiones de dudosa procedencia y toma de deuda sin ningún tipo de transparencia y objetivo expresamente detallado y concreto, como la del último empréstito de 100 mil millones de pesos que cerraron con una explicación tan sinuosa como etérea, al indicar que va a ir a sostener “el gasto público” (¿?) y el Gobernador llegó a decir “Lamentablemente, 100.000 millones no significan nada frente al gasto mensual de más de 150.000 millones, pero era la única alternativa; es mejor esto que ir a una entidad bancaria”. Si esto es así, significa que no habrá plata que alcance y lo que quiere el gobierno es tener manos libres para endeudarse en todo lo que sea necesario y no da ninguna seguridad de que sirva para recuperar algo de todo lo mal que está Santa Cruz, dado que en más de dos años cada vez le fue peor al asalariado y a los jubilados.
“La Cámara es un lugar de encuentro de la ciudadanía, de democracia y de diálogo” dijo Elmiger y consideró que lo sucedido ayer representó “una imposición de qué era lo que tenía que decir la Cámara”, como si el gobierno al que pertenece fuera tan transparente en la toma de decisiones, cuando manda a sus diputados a imponer la mayoría sin siquiera dar derecho a réplica.
La ministra explicó que “se necesita avanzar con la ley de Emergencia para contar con herramientas financieras que permitan sostener la gestión y atender las demandas salariales. Lo que el Ejecutivo necesita es una herramienta para poder sostener el funcionamiento del Estado”. Y la pregunta sería ¿Por qué en dos años y medio de gestión el gobierno no hizo las previsiones suficientes o acaso se equivocó a cada paso que dio en relación con la salida de YPF, las inversiones chinas, la creación de guetos de negocios de amigos y favorecedoras, las contrataciones de empresas truchas tanto en seguridad y vigilancia, provisión de alimentos, obras y servicios (SPSE, Diatrigas, etc), lo cual ha sumado (y suma) pérdidas multimillonarias al Estado provincial? ¿Por qué la ciudadanía debería seguir pagando sus desaguisados, equivocaciones y corruptelas?.
Luego Elmiger indicó que la Ley de Emergencia “permitiría acceder a créditos blandos e inyectar recursos en los salarios de los trabajadores y en futuras negociaciones paritarias. Sería muy irresponsable de nuestra parte hacer ofrecimientos paritarios sin tener los recursos”, remarcó.
El recurso usado por la Ministra es absolutamente trillado en la comunicación política y de persuasión, el cual se apoya en varios principios de la psicología social y la retórica cognitiva. Cuando un gobierno necesita aprobar una medida que la sociedad percibe como restrictiva o antipática como es esta Declaración de Emergencia, el objetivo psicológico al que recurre, en este caso Elmiger, es cambiar la forma en que el ciudadano procesa la información pasando de ver la medida como un “costo” a verla como un “salvavidas“. Es la misma estrategia discursiva de la minería cuando quiere lograr la licencia social.
Luego haciendo un recorte evidente a los puntos cuestionados por los sindicatos, la Ministra remarcó “los propios representantes gremiales reconocieron que la iniciativa no incluía una reforma previsional”, claro, Elmiger optó por remarcar uno de los errores de análisis que inicialmente cometieron los gremios en la evaluación rápida del texto, ya que como dijimos en informes anteriores, no hay prevista una “reforma previsional” en la provincia, pero es un paso que habilita al gobierno a llevarla a cabo posteriormente.
Sin embargo la funcionaria omite dos temas centrales: Salario y Paritarias, donde la Ley de Emergencia actúa apropiándose del derecho sindical de negociar y se arroga la potestad de decidir si aumenta, cuándo aumenta y si acepta o no lo decidido en Paritarias.
Luego Elmiger se pisa el pie al señalar “que el presupuesto aprobado por la Legislatura ya contempla la posibilidad de endeudamiento, y explicó que la ley de emergencia apunta a hacer uso de esa herramienta de manera responsable. “Es una herramienta que necesita el Estado provincial para poder hacer una oferta paritaria real”, señaló.
Si como apuntamos en otras notas anteriores y la funcionaria reconoce, que el presupuesto aprobado ya contempla el endeudamiento ¿Para qué necesita la Ley de Emergencia, entonces?; una total contradicción que desnuda la falacia del discurso justificador del gobierno.
Lo que debieron haber hecho antes…
Sobre el final del discurso de Belén Elmiger, confirmó que el Gobierno “continúa trabajando en una nueva versión del proyecto, en diálogo permanente con los gremios y el área económica” y aseguró que, una vez finalizada, “será comunicada de manera anticipada a la sociedad” y remarcó “Seguramente lo vamos a comunicar para que la sociedad sepa de antemano qué es lo que vamos a presentar”.
Y acá está el nudo del problema; esto es lo que el gobierno tendría que haber hecho desde un principio y no forzar su veta autoritaria imponiendo un proyecto que afecta pura y exclusivamente a los trabajadores y jubilados, pero hay un detalle: los gremios aseguran que de ninguna manera el gobierno está trabajando con ellos en el proyecto y que las comunicaciones que han tenido a través de algunos integrantes de la legislatura, no tienen ningún valor propositivo ni contienen expectativas de coordinación y/o consultas con el sector que representan.
¿El gobierno volverá a equivocarse preparando la nueva arremetida para lograr su objetivo a fuerza de más y mayores mentiras, lo cual redundará en un enfrentamiento cada vez mayor con la opinión pública provincial?
Lo que claramente resulta de las palabras de la Ministra, el gobernador y demás funcionarios que salen a cruzar el malestar que genera esta medida arbitraria del Ejecutivo es que tienen miedo; por primera vez se sienten superados por las circunstancias y amenazados por la disidencia pública que va a afectar directamente la gobernabilidad y posible proyección política del SER más allá del 2027, si no logran dominar la crisis mediante un plan que contemple la participación ciudadana y sindical en proyectos como éste cuya existencia afecta, cambia y/o modifican las actuales circunstancias y derechos adquiridos de la gente. (Agencia OPI Santa Cruz)