El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó hoy al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de retención indebida de aportes. La resolución alcanza también a los dirigentes Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo. El magistrado halló elementos de prueba suficientes para vincular a la cúpula del fútbol nacional con la apropiación de $19.353 millones pertenecientes a aportes de seguridad social y retenciones impositivas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva, pero impuso un embargo preventivo de $350.000.000 sobre los bienes de los implicados. Los directivos tienen ahora la obligación de no ausentarse de sus domicilios por un término mayor a las 72 horas sin informar previamente al Tribunal. Esta restricción obliga a Tapia a solicitar una autorización judicial especial para asistir este martes al estadio de La Bombonera, donde la Selección Argentina enfrentará a Zambia.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulsó la investigación tras detectar irregularidades sistemáticas en el manejo de los recursos del sistema previsional. El organismo estima que la evasión y retención de fondos supera los 19.000 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2024 y 2025. Según se desprende de la información oficial, la Justicia sospecha que la entidad utilizó dinero destinado al Estado para cubrir otras obligaciones operativas o financieras.
La defensa de los dirigentes sostiene que el expediente carece de tipicidad y que la AFA no cometió ningún ilícito penal. Durante las declaraciones indagatorias previas, tanto Tapia como Toviggino evitaron responder las preguntas del juez y optaron por la entrega de escritos. A pesar de los argumentos de los abogados, el magistrado mantuvo la prohibición de salida del país para los dos principales directivos mientras avanza la recolección de pruebas técnicas.
La situación procesal de la cúpula de la AFA se complica a solo cuatro meses del inicio del Mundial de Estados Unidos. Aunque el juez otorgó un permiso excepcional para que Tapia asista a la cita mundialista, el control judicial sobre sus movimientos personales permanece vigente. El dirigente celebró el último domingo sus nueve años de gestión con un mensaje que resaltó un balance económico positivo, omitiendo cualquier referencia a la investigación penal por el desvío de los $19.353.000.000 que reclama el fisco.
El expediente judicial detalla que las maniobras de apropiación indebida de retenciones impositivas se extendieron durante un periodo de 18 meses consecutivos. La justicia analiza ahora la ruta de esos fondos y la responsabilidad directa de cada uno de los firmantes en la administración de los recursos de la seguridad social. (Agencia OPI Santa Cruz)