Demasiado obvio: en pleno debate de la Ley de Glaciares, Santa Cruz exalta nuevas instancias de fiscalización ambiental que en la práctica, están en duda

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de la provincia sacó una comunicación en la cual resalta lo siguiente “El Ministerio de Energía y Minería supervisó el cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos ambientales del proyecto Cerro Negro, operado por Newmont y ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno, en línea con la política provincial de fortalecer el control sobre la actividad”.

Como en la provincia nada es casual ni inocente, hicimos lo que naturalmente hacemos: analizar las noticias en el contexto, leer entre línea su significado y juzgar la intencionalidad objetiva, alejándonos de la pretendida intención de parecer un hecho fortuito o una iniciativa espontánea, cuando en realidad cada acción del gobierno es absolutamente premeditada y una finalidad planificada.

¿De qué se trata la noticia?

El comunicado emitido por el Ejecutivo funciona como una herramienta estratégica de legitimación pues el objetivo principal del texto publicado hoy no es informar sobre una simple reunión de rutina, sino enviar un mensaje político a la opinión pública y a los legisladores.

El gobierno provincial se muestra “duro” y estricto con una multinacional gigante como Newmont (operadora de Cerro Negro), con la clara intención de vaciar de argumentos a los sectores ambientalistas. El mensaje implícito es: “Podemos aprobar nuevas leyes extractivas (como modificaciones o flexibilidades en la Ley de Glaciares) porque tenemos la capacidad y la voluntad de controlar que no haya desastres ecológicos”.

El texto abunda en terminología altamente específica como “Proyecto Vein Zone Open Pit; Muro 1 del TSF (Tailings Storage Facility o dique de colas); Manejo de escorrentía o Mallín M3” y el uso de jerga técnica sirve para trasladar el debate del terreno emocional o político al terreno científico. La intención clara es la generar una sensación de “rigurosidad” y “competencia”.

Al lector común le resulta difícil debatir sobre el “mallín M3“, pero la abundancia de estos términos le deja la sensación de que los funcionarios saben exactamente lo que están haciendo y que el control es minucioso. Falso; solo basta remitirse a la realidad que la vamos a enumerar más adelante.

A lo largo de todo el comunicado, pudimos encontrar que se repiten de forma constante verbos y conceptos asociados a la autoridad y la vigilancia como “reforzó el seguimiento”, “fortalecimiento del control”, “instancia de supervisión”, “acciones de fiscalización” o “presencia activa del Estado”,

Esta reiteración es una técnica clásica para construir percepción de seguridad y en otros análisis anteriores también encontramos esta forma de adjetivar y resaltar acciones concretas. Sin duda, el gobierno necesita que la sociedad santacruceña confíe en el Estado como garante ambiental antes de avanzar con un marco legal que, por naturaleza, genera desconfianza y resistencia ciudadana. Y detrás de este telón está lo importante: La Ley de Glaciares.

El comunicado, tal como lo analizamos, busca posicionar al Ministerio de Energía y Minería en un rol proactivo (“Santa Cruz avanza…”), en medio de un debate sobre glaciares, donde las organizaciones ambientales suelen marcar la agenda denunciando los peligros futuros; está claro que el gobierno pretende tomar la iniciativa demostrando que no espera a que ocurra un derrame o un impacto negativo para actuar, sino que ya está “en el territorio”.

El texto es, en esencia, una pieza de relaciones públicas diseñadapara construir la “licencia social” que el gobernador Vidal necesita urgentemente para avanzar con su agenda legislativa y minera, utilizando a Cerro Negro como vitrina de su supuesta rigurosidad ambiental, que no es precisamente, el mejor ejemplo como lo vamos a ver.

Un ejemplo poco ejemplar

Sin duda necesitan usar a Cerro Negro, no como el ejemplo del fracaso que fue en 2024, sino “re-empaquetarlo” hoy como un modelo de hiper-vigilancia estatal y aquí vamos a explicar la realidad de lo que apuntamos en este análisis.

Si cruzamos el discurso triunfalista y técnico del comunicado oficial con la historia reciente del proyecto Cerro Negro (operado por la multinacional Newmont), el texto del gobierno pasa de ser un simple “comunicado de rutina” a una operación de lavado de imagen casi desesperada por parte del mismo.

El comunicado habla de “presencia activa del Estado“, “evaluación continua” y “monitoreo constante”, sin embargo, omite el antecedente más oscuro y reciente de esta mina: las muertes por falta de control ocurrida el 9 de abril de 2024, cuando dos trabajadores de Cerro Negro (la ingeniera Rosana Ledesma de 48 años y el operario Daniel Ochoa de 26 años) murieron asfixiados por inhalación de gases tóxicos en el interior de la mina subterránea.

Esta tragedia demostró que los sistemas de ventilación, monitoreo de gases (que es un factor puramente ambiental y de seguridad de la mina) y los protocolos de evacuación fallaron estrepitosamente; es decir fallaron o no existieron los controles previos y permanentes del propio Estado.

Tras las muertes, el gobierno de Claudio Vidal tuvo que clausurar la mina de urgencia y ordenó el cese de tareas por 45 días en medio de un escándalo provincial, denuncias de que la empresa había alterado la escena y fuertes críticas al modelo extractivista.

A esto se le sumó otro incidente trágico meses después (en octubre de 2024), cuando otro joven minero de 28 años se desvaneció y murió frente a sus compañeros en el mismo yacimiento.

Comunicado vs. realidad

Si ponemos frente a frente las frases de hoy del gobierno con el archivo reciente, el oportunismo de esta nota que publica Claudio Vidal, queda al descubierto.

Dice el gobierno que buscan “Garantizar el cumplimiento… de los compromisos ambientales asumidos” pero en 2024 se demostró que el ambiente subterráneo no estaba controlado (gases tóxicos mortales). Actualmente, la empresa está presionando para expandir la vida útil del proyecto (presentaron su 7ª actualización de impacto ambiental en febrero de 2025) y necesita que el Estado les apruebe rápidamente los papeles de habilitación.

El gobierno proclama “Mantener una presencia activa del Estado en el territorio”, pero el Estado llegó tarde. La fiscalización estricta que hoy presumen nació como una reacción política para apagar el incendio social que generaron las muertes de los operarios en 2024, no como una prevención genuina.

Finalmente el Ejecutivo sostiene que busca “Promover buenas prácticas y una gestión responsable“. Cerro Negro es una mina de altísimo rendimiento económico (es la principal productora de oro del país), pero con un historial reciente realmente desastroso, manchado por conflictos laborales, fallas de seguridad y denuncias sindicales por las condiciones de trabajo y habitabilidad en los campamentos.

Por todo esto, el Gobernador Claudio Vidal está empujando fuerte para flexibilizar o sortear los obstáculos de la Ley de Glaciares, lo cual habilitaría nuevas zonas de explotación en la provincia y que ya tiene comprometidos. Para lograr eso, Vidal se enfrenta a un problema grave de relaciones públicas: ¿Cómo pedirle a la sociedad que permita hacer minería cerca de reservas hídricas y glaciares, si hace poco tiempo tuvo muertos por gases tóxicos en tu mina estrella?.

La respuesta es exactamente este tipo de comunicados. Lo publicado allí no es información transparente, es una defensa política disfrazada de gacetilla administrativa, que los medios pautados reproducen, cortan y pegan sin cuestionar ni analizar el contenido profundo de esta pieza de comunicación oficial que dice una cosa, pero el significado es otro, distinto a lo que deja traslucir en su texto. (Agencia OPI Santa Cruz)