(Por: Rubén Lasagno) – ¿Alguien se ha planteado por qué en un país empobrecido como la Argentina, quebrado económicamente, endeudado por generaciones y con un horizonte de desarrollo cuestionable, puede haber una elite empresarial, sindical y política que tiene tanto dinero que luce obsceno ante todos nosotros?.
La frase de Honoré de Balzac con que arrancamos desde el título, popularizada en la película “El Padrino” es una declaración de escepticismo absoluto hacia la riqueza extrema. Significa, en pocas palabras, que nadie amasa una cantidad desproporcionada de dinero y poder siendo completamente honesto o respetando las reglas.
Y si nos detenemos en la observación de las personas ricas de nuestro país, vemos que, sinceramente, escarbando un poco con la uña en la cáscara que recubre una empresa, un empresario, una Fundación y el patrimonio de millonarios (y supermillonarios) que viven encerrados en country de alta gama en las principales ciudades del país, encontramos que las corporaciones, las familias patricias y/o los nuevos ricos, han tenido al inicio al final o durante todo su trayecto de fortuna, su cara oscura.
Esto no siempre puede haber nacido de un robo o el narcotráfico, puede haber sido un fraude, explotación extrema, el robo de una idea, el apoderamiento ilegal de tierras o recursos, la evasión impositiva, el lavado de dinero etc. Y con el paso del tiempo y “el éxito de los negocios”, ese acto fundacional se “lava” y se vuelve respetable. Así podemos citar miles de ejemplos, solo por mencionar algunos Escobar, Yabrán, los Kirchner, los Macri etc.
Esto expone claramente que la diferencia entre un ladrón común y un magnate no es la moralidad, sino la eficacia y la escala. El delito original de la gran fortuna fue ejecutado a la perfección, logrando tanto éxito que el sistema dejó de tratarlo como un crimen para empezar a tratarlo como un “éxito empresarial” y cuando se aplica a fortunas súbitas o “nuevos ricos” (como suele ocurrir en el análisis político o empresarial moderno), la frase es una acusación directa. Implica que el enriquecimiento rápido rara vez viene del sudor en la frente, sino de la cartelización, la corrupción en la obra pública, el tráfico de influencias o el aprovechamiento de información privilegiada desde el Estado.
En resumen, cuando alguien pronuncia esta frase al observar un salto patrimonial injustificable o una declaración jurada irrisoria, lo que está diciendo es: “Esa plata no se hizo trabajando de 8 a 17. Alguien fue estafado, algo se robó o el sistema fue corrompido para llegar a ese número”.
El paraíso del curro
Argentina está atravesada por este fenómeno social que en algunas partes del mundo ha sido minimizado con controles estatales y justicia menos corrompible que la nuestra. En el caso nacional, tenemos la decrépita fama de ser el cofre de la delincuencia de guantes blancos más próspera de Latinoamérica.
De acuerdo a los datos Transparencia Internacional el IPC 2025 (Índice de Percepción de la Corrupción) está en el puesto 35 sobre 100, teniendo en cuenta que 0 es el más corrupto y 100 el menos corrupto. Se ubica en el lugar 103 de 195 países.
En cuanto a transparencia y justicia, de acuerdo a World Justice Project (WJP) (Publicado en octubre 2025) se ubica en el puesto número 13 de 32 países de la región y en el puesto 64 de 143 países. También en este caso el 0 es el menos transparente y el 100 el más transparente.
Referido a transparencia financiera y lavado de dinero el informe emitido por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Publicado en diciembre 2025), Argentina figura en la mitad de la tabla, 5 de 10 (donde el 10 es el máximo riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo en la posición de 135 sobre 148 evaluados (en este índice, estar en los puestos más bajos de la tabla es positivo).
Las condiciones justas y apropiadas
El problema de la impunidad patrimonial en Argentina no es un accidente o un tema circunstancial, sin duda, es un ecosistema. Que fortunas de origen opaco puedan transitar y residir en el país sin mayores contratiempos responde a un entramado administrativo, fiscal y judicial que funciona como un colador con agujeros diseñados a medida y luego de 43 años de democracia, podemos afirmar con total seguridad que el fenómeno atraviesa a todos los gobiernos, ideologías, partidos políticos, la estructura sindical, empresarial y de negocios.
U ejemplo (mal ejemplo)fundacional en nuestro país es quel a ley permite (y exige) que los funcionarios y ciudadanos declaren sus inmuebles según la valuación fiscal y no el valor de mercado. Una mansión de 2 millones de dólares puede figurar en una Declaración Jurada (DDJJ) por el equivalente a 10.000 dólares. Esto permite que el crecimiento patrimonial ilícito pase completamente por debajo del radar legal, dibujando balances que en el papel cierran, pero que en la calle son insostenibles.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) son los perros guardianes del Estado, pero su correa larga la sostiene el gobierno de turno y al no ser autárquicos ni verdaderamente independientes, estos organismos son implacables con la oposición y ciegos con el oficialismo. La práctica sistemática de que la UIF o la OA se “retiren” como querellantes en causas de lavado o corrupción dependiendo del color político del gobierno paraliza expedientes enteros, lo vimos en la épocas K y ahora mismo vuelve a suceder.
El blanqueo de lo sucio
Argentina es adicta a los blanqueos de capitales. Cada nuevo gobierno, asfixiado por la falta de dólares en el Banco Central, lanza una ley de sinceramiento fiscal y esto funciona como un botón de reinicio para el dinero negro. Quienes amasan fortunas ilícitas saben que solo necesitan mantener el dinero oculto o en testaferros durante unos años, hasta que el próximo blanqueo les permita ingresarlo al sistema formal pagando una multa irrisoria (a veces del 0% al 5%), logrando así impunidad penal y tributaria absoluta sobre el origen de esos fondos.
El sector de la construcción de lujo (como Puerto Madero, Nordelta o grandes estancias en la Patagonia) ha sido históricamente la gran lavadora de activos del país. El uso extensivo de fideicomisos ciegos y sociedades anónimas simplificadas o “de cáscara” (muchas veces aprobadas por la Inspección General de Justicia sin el debido escrutinio de beneficiarios finales) permite ocultar al verdadero dueño. A esto se suma que Argentina es uno de los pocos países del mundo donde propiedades multimillonarias se siguen comprando con valijas de dólares físicos, burlando la trazabilidad bancaria.
Y finalmente, la justicia federal argentina, centralizada en gran medida en Comodoro Py, tiene tiempos que garantizan la impunidad biológica o legal. Según diversas auditorías del Consejo de la Magistratura y publicadas por ONGs, el promedio de duración de una causa por corrupción en Argentina ronda los 14 años. El sistema no necesita absolver a los millonarios de dudoso origen; le basta con no juzgarlos nunca.
Las defensas de todos ellos utilizan un sinfín de recursos procesales (chicanas) tolerados por los jueces para dilatar los procesos hasta que se vence el plazo razonable o prescribe la acción penal.
A lo largo de estos años hemos visto cómo el sistema es implacable con el evasor pequeño que no factura un ticket, pero ofrece múltiples atajos legales, fiscales y temporales para el enriquecimiento ilícito a gran escala.
Así se amasan ingentes fortunas en Argentina y los ricos y multimillonarios están regados en la geografía nacional bajo permanente sospecha de que nada de lo que han hecho ha sido trabajando y esto ocurre cuando el Estado está ausente y más aún cuando descubrimos día a día y gobierno tras gobierno, es más de lo mismo, son exactamente iguales a los anteriores y hacen las mismas o peores cosas y los millonarios siguen impunes, los nuevos ricos engrosan la lista y solo para el pueblo vale la tablita del INDEC donde dice que la pobreza va disminuyendo en la Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)