El Gobierno nacional oficializó este viernes la transferencia de los costos operativos de la infraestructura vial a los distritos del interior. Mediante el Decreto 253/2026, el Ejecutivo cedió a nueve provincias, con impacto directo en Santa Cruz, la facultad de licitar y administrar el mantenimiento de rutas nacionales.
Las jurisdicciones asumen el financiamiento de las obras públicas habilitando el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos. La normativa publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina argumenta el objetivo de descentralizar funciones operativas para que los gobiernos locales gestionen la infraestructura de forma directa.
Las provincias habilitadas para iniciar los procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. El esquema diseñado exige que cada distrito firme convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.
Los acuerdos detallan los tramos específicos y el plan de obras bajo las siguientes reglas oficiales:
- La delegación mantiene un carácter funcional, limitado, temporal y revocable.
- El Estado Nacional retiene la titularidad del dominio público y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.
- Los contratos de gestión imponen un techo inamovible de 30 años contados desde su aprobación.
- Las provincias garantizan el respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
El Ministerio de Economía oficia de autoridad de aplicación exclusiva del nuevo sistema. La Dirección Nacional de Vialidad audita y supervisa el cumplimiento estricto de los contratos firmados, mientras los gobernadores absorben el costo político y operativo del esquema tarifario.
Los anexos oficiales imponen una cláusula de caducidad automática para los distritos que demoren la instrumentación. Si la provincia no convoca a licitación en el plazo de un año exacto tras la firma del convenio, la normativa ejecuta el decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate. (Agencia OPI Santa Cruz)