(Por: Rubén Lasagno) – (Informe I) – El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 253/2026, ha delegado a la provincia de Santa Cruz la facultad de gestionar rutas nacionales dentro de su territorio. El punto central es la autorización para implementar un sistema de concesiones por peaje por un plazo de hasta 30 años.
Los fondos recaudados deben reinvertirse exclusivamente en el mantenimiento y mejora del tramo concesionado y la provincia tiene un plazo de un año para llamar a licitación una vez firmados los convenios específicos con Vialidad Nacional; de lo contrario, la delegación de facultades caduca.
Objetivamente el mecanismo introduce tres cambios fundamentales en la lógica de la obra pública vial, la cual modifica de raíz lo que conocemos en la provincia de Santa Cruz; por ejemplo la responsabilidad del estado de las rutas pasa de la Nación a la órbita del gobernador Claudio Vidal; se activa el financiamiento privado que ya no dependerá de partidas presupuestarias directas (que hoy están frenadas por Nación), sino del flujo de caja que generen los usuarios (peajes), lo cual abre la puerta a que empresas privadas o mixtas tomen el control de la infraestructura vial por tres décadas.
Dudas posibles
Teniendo en cuenta la gestión de Claudio Vidal, la herencia de Alicia Kirchner y los problemas estructurales de corrupción falta de transparencia y favoritismo, en la obra pública provincial, el sistema licitatorio y la cartelización que existe en la materia, tanto de parte del gobierno provincial como de municipios como el de Río Gallegos el riesgo reside en que el mecanismo de concesión se utilice para beneficiar a “empresas amigas” vinculadas al sector petrolero o de servicios, sectores donde el gobernador Vidal tiene su base de poder.
Al ser contratos a 30 años, existe el peligro de que se entreguen negocios cautivos y de largo plazo a grupos económicos que no necesariamente garanticen la mejor calidad de obra, sino que aseguren retornos políticos o económicos para la gestión de turno.
Aunque el decreto exige “transparencia y competencia”, la realidad administrativa de la provincia ha mostrado históricamente una debilidad total y absoluta en los organismos de control locales.
Si el proceso de licitación (que debe ocurrir en menos de un año) no cuenta con una auditoría externa rigurosa o participación de la oposición, es probable que se repitan los esquemas de la gestión de Alicia Kirchner y que prosiguen actualmente en varios contratos/licitaciones en temas de salud, educación o seguridad, con pliegos “hechos a medida” para empresas específicas, como hemos denunciado en varias oportunidades, por otra parte “la urgencia del plazo de un año” que establece el Decreto, puede ser usada por el gobierno de la provincia como excusa para realizar contrataciones directas o concursos cerrados por “emergencia vial”.
¿Peaje o caja política?
El decreto estipula que la recaudación debe ir exclusivamente a la ruta. Sin embargo, en un contexto de falta de transparencia, la fiscalización de cuántos vehículos pasan y cuánto se recauda realmente es difícil de auditar para el ciudadano común.
En una provincia con baja densidad poblacional, mucha corrupción y grandes distancias y de acuerdo a las fuentes técnicas consultadas por esta Agencia, hay un detalles que nadie advierte (o al menos no lo consideran): el costo del peaje podría ser muy alto para que la ecuación económica sea rentable para una empresa privada.
Esto podría derivar en que el Estado provincial termine subsidiando a las empresas concesionarias con fondos públicos para mantener la “rentabilidad” del negocio amigo, repitiendo vicios del pasado que el actual gobierno de Claudio Vidal es muy propenso a copiar, como hemos dejado de manifiesto en informes anteriores.
Esto me lleva a observar que la continuidad en las formas de manejo de la obra pública sugiere que, aunque cambien los nombres, el modelo de negocios sigue siendo el mismo y se basa en el uso de los recursos del Estado (en este caso, las rutas nacionales) para fortalecer a sectores empresariales afines.
Por lo tanto la delegación que Nación le otorga a Vidal es una herramienta de poder económico inédita. Si no se establecen mecanismos de transparencia digital y control social, el peaje en Santa Cruz corre el riesgo de pasar de ser una solución de infraestructura a convertirse en un nuevo canon de privilegio para el círculo rojo del gobernador.
No hay duda que en las actuales condiciones de abandono de las rutas, desinterés de invertir por parte del gobierno nacional y la falta de recursos para hacer desde la provincia, el mecanismo es técnicamente viable para reparar rutas abandonadas, pero en el ecosistema político de Santa Cruz, funciona como una espada de doble filo.
Sin un cambio real en la cultura de transparencia de la obra pública, porque no lo he visto en los dos años y medio de gestión del SER, este decreto podría simplemente “institucionalizar el favoritismo”, otorgando a empresas aliadas el control de la conectividad de la provincia por las próximas tres décadas y continuar o hacer aún mayor o elevar el nivel de corrupción en la obra pública provincial, que a pesar de lo escasa que es, se trasluce (hoy) a través de Vialidad Provincial.
Aquí estaremos
Personalmente me comprometo a través de nuestro medio a seguir, analizar e informar todo el trámite que derive de este proyecto que seguramente Santa Cruz va a implementar con la oscura metodología de contrataciones y selección de empresas sin antecedentes o con antecedentes oscuros, nombres y apellidos cuestionados, montos manipulados y todo tipo de falta de transparencia, como se hace hoy, tanto a nivel provincial como municipal en el caso de Río Gallegos.
Pondremos a las empresas que jueguen en esta danza de miles de millones para adjudicarse estos contratos treintañales, bajo una investigación absoluta, a sus componentes societarios, las vinculaciones con gente del poder y todos y cada uno de los contratos que firmen; y obviamente (también) a los funcionarios/ministerios/secretarías de origen que se las faciliten.
Ya que como, históricamente, en Santa Cruz la justicia nunca se ha ocupado de estos temas, no existen organismos de control y la oposición duda en muchos casos, al menos mediáticamente aportaremos los pocos o muchos elementos que tengamos a mano para que la opinión pública pueda juzgar y decidir en las urnas, cuando llegue el momento.
En el próximo informe revelaremos por qué Milei fue tan selectivo para “resolver” el problema de las rutas solo en algunas provincias de la Argentina.(Agencia OPI Santa Cruz)