El Ministerio de Seguridad publicó el manual de procedimiento para anular las señales móviles dentro de las prisiones federales. La medida oficializa el rastreo de redes de comunicación sin detallar el presupuesto oficial ni las fechas de adquisición de los equipos.
La Resolución 336/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial formalizó la instalación de dispositivos para detectar y anular teléfonos en las cárceles federales del país. La normativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, instruye a sus direcciones internas a iniciar los procesos administrativos de compra, dejando en evidencia que el gobierno avaló el uso de una tecnología que todavía no licitó.
De acuerdo a la reglamentación, el esquema rastreará el hardware de los equipos mediante el número de identificación IMEI y la conexión a la red GSMA a través del código IMSI. La Dirección Nacional de Tecnología de la Información absorbió la responsabilidad operativa técnica, bajo el control de la Secretaría de Coordinación Administrativa.
En los considerandos, el gobierno argumentó urgencia frente a las organizaciones criminales intramuros. El texto oficial advirtió que necesitan “prevenir, disuadir y neutralizar tales conductas” ligadas a la planificación de maniobras ilícitas.
La instalación del sistema exige de forma obligatoria realizar ajustes técnicos perimetrales. Los pliegos determinaron que los inhibidores deben operar bajo una calibración exacta para no bloquear las redes de comunicación de los vecinos en las áreas exteriores a los penales.
Junto con el nuevo “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo”, el esquema restrictivo adquirió vigencia administrativa a partir de este lunes 20 de abril. (Agencia OPI Santa Cruz)