40 por ciento de atraso en los aranceles y una deuda acumulada que se arrastra desde octubre de 2025 dispararon una nueva movilización de familias y organizaciones frente al Ministerio de Salud este miércoles 22 de abril. El reclamo apunta directamente a la asfixia financiera del programa Incluir Salud, situación que mantiene en vilo a los prestadores de servicios esenciales para personas con discapacidad.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que la gestión nacional incumplió los compromisos de saneamiento financiero pactados para el mes en curso. Según los documentos del sector, el Estado mantiene expedientes impagos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, sumados a la facturación de enero de 2026.
“Los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, lo que impide a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores“, reclamó el Foro en un informe técnico que expone el daño estructural al sistema. La entidad objetó que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones debido al impacto inflacionario.
La crisis se agrava por el desabastecimiento de insumos básicos en el programa destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas:
- Faltantes: Interrupción en la entrega de medicamentos y pañales.
- Irregularidades: Denuncias por fallas en los procesos de compra oficiales que traban la distribución.
- Inacción: Falta de soluciones concretas tras las presentaciones ante las autoridades de salud.
Las organizaciones manifestaron además un rechazo tajante al nuevo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El sector cuestionó la narrativa oficial que vincula el otorgamiento de pensiones con maniobras fraudulentas sin aportar pruebas fehacientes ante la justicia.
El Foro ratificó que la demanda de cobertura responde a una realidad estructural de pobreza que afecta al país desde hace más de dos décadas. El Ministerio de Salud mantiene la parálisis en la actualización de aranceles mientras los prestadores advierten que el sistema de atención está cerca del colapso total. (Agencia OPI Santa Cruz)
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