El máximo tribunal del país otorgó un plazo de 48 horas a la justicia santacruceña para remitir las actuaciones sobre la polémica ley de composición judicial. El organismo provincial desoyó un requerimiento previo emitido a fines de abril.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) a enviar la totalidad del expediente que debate la constitucionalidad de la ley provincial de ampliación de cinco a nueve vocales. Los magistrados nacionales fijaron un ultimátum de 48 horas para recibir la documentación.
Los jueces formalizaron la orden a través de la resolución 714/2026. El documento exige remitir de inmediato en formato digital los siguientes elementos pertenecientes a la causa 917/2025:
- Las actuaciones principales del caso.
- Todos los incidentes vinculados al proceso.
El máximo tribunal del país justificó esta intimación ante el silencio institucional de la provincia. Las autoridades santacruceñas omitieron contestar un requerimiento previo formulado el 23 de abril de 2026, según marcan los registros del expediente caratulado “Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz s/ acción inconstitucionalidad”.
Para garantizar el cumplimiento de la medida, la Corte Suprema dispuso librar un oficio mediante correo electrónico. Este mecanismo asegura la notificación inmediata del tribunal local y activa el reloj del plazo perentorio fijado por los magistrados.
La disputa central del caso comenzó con un planteo de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz. La entidad sindical promovió la acción de inconstitucionalidad original luego de la aprobación legislativa que modificó la cúpula de la justicia provincial.
Días antes de esta intimación, la Corte Suprema también rechazó una recusación que el mismo gremio presentó contra los integrantes del tribunal nacional.
La organización sindical fundamentó ese intento de apartamiento en supuestos nexos políticos e institucionales. Los escritos gremiales cuestionaron la intervención de los cortesanos al denunciar vínculos directos entre los abogados patrocinantes y diferentes actores involucrados en el expediente. (Agencia OPI Santa Cruz)