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Bolivia denuncia injerencia y expulsa extranjeros por marchas

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El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, denunció una presunta injerencia extranjera y activó la expulsión de activistas internacionales para justificar la crisis que exige la renuncia del presidente, Rodrigo Paz Pereira, pero los registros oficiales del Ministerio de Salud de Bolivia contradicen el relato político al confirmar 6 ciudadanos fallecidos y un desabastecimiento crítico de oxígeno medicinal en el occidente del país.

Las investigaciones de la Dirección General de Migración, ejecutadas en coordinación con el Ministerio de Gobierno, sustentan la decisión oficial de cancelar las visas de turismo de los implicados. Sin embargo, Fernando Aramayo evitó precisar las nacionalidades y el número exacto de las personas alcanzadas por la medida administrativa.

La crisis humanitaria escaló este martes en El Alto con la muerte de un chofer de transporte pesado que permaneció 32 días varado a la intemperie. La víctima intentaba retornar desde Perú con mercadería para mantener a sus 3 hijos, según confirmó su esposa, Zulema Ramos, al diario boliviano La Razón.

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El informe técnico del Ministerio de Salud de Bolivia detalla la identidad y las causas de los decesos vinculados de forma directa al bloqueo de rutas:

  • Anna Enns, de 56 años, oriunda de Belice y nacionalizada boliviana, sufrió una descompensación al regresar de Perú por Desaguadero.
  • Nelly Villanueva Medina, de 40 años, falleció por complicaciones de insuficiencia renal crónica y edema pulmonar ante la falta de paso.
  • Un joven de 20 años perdió la vida en El Alto tras pasar horas sin acceso a asistencia médica hospitalaria.
  • Un niño de 12 años murió durante su traslado de urgencia desde Llallagua hacia la ciudad de Potosí.
  • Una mujer de 24 años, paciente oncológica en Oruro, falleció mientras la trasladaban hacia La Paz.

El desabastecimiento terrestre interrumpió la producción de fármacos esenciales. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifabol), Javier Lupo, afirmó que la situación actual resulta insostenible para los centros de salud de alta capacidad resolutiva.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la Central Obrera Boliviana (COB) y a las organizaciones campesinas a flexibilizar los piquetes para permitir el ingreso de alimentos e insumos hospitalarios. Los manifestantes sostienen la medida de fuerza por 33 días consecutivos en las principales carreteras de vinculación internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)

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