El Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires reactivó las alarmas del sistema político institucional mediante un durísimo estudio de opinión pública enfocado en la corrupción y el funcionamiento de la Justicia.
Un contundente 94,1% de los ciudadanos califica la administración de la Justicia como poco o nada eficiente. El informe técnico expone que el 88,3% de la muestra afirma que el sistema favorece de forma sistemática a los ricos y poderosos.
La investigación social se ejecutó en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante mayo de 2026 sobre un universo de 1.217 casos. El muestreo estadístico analizó de forma específica seis ejes: eficiencia e imparcialidad, evolución y prospectiva, corrupción e impunidad, confianza institucional, casos de actualidad y expectativas de cambio.
El escepticismo sobre el futuro del sector domina las respuestas recogidas por los encuestadores. El 73,8% de los consultados sostiene que la Justicia empeoró durante los últimos años, mientras que el 55,8% proyecta que el desempeño empeorará en el corto plazo.
Los datos duros demuestran el impacto directo de la impunidad en la economía de los hogares. El Observatorio de Psicología Social Aplicada midió que el 93,6% de la población asegura que la corrupción afectó mucho o bastante su vida cotidiana.
La desconfianza en el sistema unifica las posturas de los votantes de los principales frentes políticos. En una escala del 1 al 10, los electores del presidente Javier Milei otorgaron apenas un 2,6 de confianza a los magistrados. Los adherentes a Sergio Massa promediaron una calificación de 2,4 puntos, fijando la muestra total en un piso de 2,5.
La reforma del método de designación de los funcionarios judiciales aparece como una demanda central en las planillas del estudio. El 77% de la población relevada exige dar prioridad exclusiva a los méritos académicos por sobre la negociación partidaria tradicional al momento de seleccionar nuevos jueces.
El documento oficial concluye que la sociedad argentina expresa una desconfianza estructural hacia el sistema judicial y las instituciones que articulan la vida democrática. Los técnicos de la Universidad de Buenos Aires enfatizaron que el malestar atraviesa de forma transversal las divisiones de género, edad, nivel educativo, voto y autopercepción ideológica. (Agencia OPI Santa Cruz)