El proyecto con media sanción exige conformar Vehículos de Proyecto Único y prohíbe aplicar las ventajas a la industria preexistente.
Un piso de US$ 1.000 millones es la barrera de entrada que el Gobierno nacional fijó para acceder a las exenciones aduaneras y cambiarias del nuevo Súper RIGI. El proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados exige desembolsar el 20% de los fondos en los primeros dos años, bloqueando el acceso al capital nacional.
La estructura del texto legal obliga a los beneficiarios a conformar Vehículos de Proyecto Único (VPU). Estas sociedades comerciales, que pueden estar constituidas íntegramente en el exterior, absorberán beneficios fiscales que la ley prohíbe aplicar en proyectos de modernización de la industria instalada.
El desarme impositivo del Súper RIGI en el Congreso
El articulado desploma la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y perfora el gravamen sobre las utilidades corporativas hasta el 3,5%. La normativa garantiza además la eliminación inmediata de los derechos de exportación y la exención arancelaria total para las importaciones.
En el plano laboral, las firmas abonarán una contribución patronal reducida al 10% por cada nueva contratación en el país. En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá liberarles progresivamente las divisas hasta garantizar el 100% de disponibilidad en el tercer año.
Congelamiento de ingresos para las provincias patagónicas
La adhesión al esquema nacional interviene directamente sobre la potestad recaudatoria de las legislaturas provinciales. Las jurisdicciones patagónicas que ingresen deberán aceptar la inmovilidad de sus regímenes tributarios por 30 años y someterse a tribunales de arbitraje internacional.
La normativa prohíbe aplicar gravámenes de jurisdicción local sobre los contratos comerciales derivados del desembolso de los fondos. El texto impone a los gobernadores un techo inamovible del 0,50% para la percepción del impuesto a los Ingresos Brutos. (Agencia OPI Santa Cruz)