El organismo previsional retendrá adicionales y aplicará un cargo mensual para recuperar cobros indebidos. La medida expone la tensión administrativa entre las cautelares judiciales vigentes y la condena firme por corrupción en la causa Vialidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará dos descuentos sobre la pensión mensual bruta de $15.683.154,06 asignada a Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación. Las retenciones comenzarán en agosto de 2026, tras una orden de la Justicia que obliga a restituir provisionalmente un beneficio previsional.
El Gobierno nacional justificó la intervención financiera al argumentar incompatibilidades derivadas de la condena judicial de la exmandataria. El organismo ejecutará un descuento mensual de $3.136.630,81 con el objetivo de recuperar una deuda acumulada de $660.052.338,87, correspondiente a montos percibidos de manera irregular durante años.
El Poder Ejecutivo anuló de manera permanente el pago del adicional por zona austral. La decisión administrativa se sustenta en que la beneficiaria cumple prisión domiciliaria en la Capital Federal, invalidando los requisitos formales para el cobro del suplemento por residencia patagónica. A este recorte se suman las deducciones legales obligatorias correspondientes a las contribuciones de obra social y al impuesto a las ganancias.
La apelación del Ministerio de Capital Humano
La restitución de los fondos responde a una medida cautelar dictada a favor de la ex titular del Ejecutivo. Frente a esta resolución, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para anular la disposición judicial.
Hasta noviembre de 2024, la exfuncionaria percibía dos ingresos amparados por la Ley 24.018: su jubilación presidencial y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner, expresidente de la Nación. La ANSES interrumpió ambos pagos cuando los tribunales federales emitieron una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
La argumentación oficial sostiene que el régimen previsional excepcional reconoce el honor, mérito y buen desempeño en el cargo. La postura del Estado nacional establece que la sentencia judicial por delitos contra la administración pública anula las condiciones requeridas por la legislación vigente para habilitar el cobro de la asignación. (Agencia OPI Santa Cruz)
Háganla pingo