El oficialismo busca normalizar la conducción del órgano de control parlamentario mientras acumula pedidos de informes por espionaje ilegal, designaciones irregulares y el hallazgo de millones de dólares en efectivo.
Sebastián Pareja, senador y nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, citó a Cristian Auguadra, secretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado, para que rinda cuentas ante el Congreso de la Nación por las facultades extraordinarias otorgadas a los espías.
La convocatoria parlamentaria, fijada para fines de agosto de 2026, ocurre en medio del hermetismo oficialista y la presión de la oposición legislativa. Los representantes de Unión por la Patria presentaron dos pliegos de informes tras detectar graves irregularidades en la designación de personal y el hallazgo de material de vigilancia clandestina en manos de exfuncionarios.
El principal foco de conflicto radica en el silencio de la administración de Javier Milei frente a los requerimientos del Congreso. La dirección de la Secretaría de Inteligencia de Estado no respondió los cuestionamientos previos sobre el DNU N° 941/2025, norma que habilita detenciones directas por parte de agentes de inteligencia e incluso la intervención operativa de las Fuerzas Armadas.
¿Qué establece el polémico decreto de reforma de inteligencia?
El DNU N° 941/2025, emitido a finales de diciembre del año pasado y publicado el 2 de enero de 2026, reformuló la Ley de Inteligencia Nacional para otorgar facultades extraordinarias a los agentes operativos en casos de flagrancia. Diversos sectores de la oposición y aliados legislativos manifestaron su rechazo ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior.
“Incluso el decreto habilitaría a las Fuerzas Armadas a intervenir. Queremos saber qué están haciendo”, advirtieron diputados de Unión por la Patria ante los requerimientos de la prensa parlamentaria.
¿Quién controlaba los equipos de espionaje ilegal secuestrados?
La investigación judicial a cargo del juez federal Lino Mirabelli derivó en el allanamiento de propiedades vinculadas a Facundo Leal, ex titular de ARSAT. En un domicilio de Palermo Chico se incautó una valija equipada con 19 dispositivos de interceptación telefónica y ambiental de nivel profesional, junto con un secuestro de 2.400.000 dólares en efectivo y estupefacientes de origen sintético en Mendoza.
Los diputados Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi solicitaron formalmente que la comisión parlamentaria exija copias certificadas del expediente para determinar los alcances del espionaje inorgánico.
“Un equipo de vigilancia encubierta no se acumula por casualidad ni por afición de coleccionista: se tiene para vigilar personas. La pregunta que esta Comisión no puede esquivar es elemental: ¿a quién se vigilaba, con qué información y para quién?”, interrogaron los diputados nacionales firmantes del proyecto de resolución.
¿Qué irregularidades se detectaron en los nombramientos del área?
La segunda presentación del bloque opositor apunta a la falta de transparencia en la estructura orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Según el expediente legislativo, el Gobierno incorporó de forma tácita a Miguel Gómez Goldin como Director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en reemplazo de Marcelo Romero, omitiendo el registro correspondiente del nombramiento en el Boletín Oficial de la República Argentina.
¿Cuáles son los antecedentes de la citación a la SIDE?
Con anterioridad a la asunción de Sebastián Pareja, la conducción de la comisión bicameral estuvo a cargo del senador Martín Lousteau. Durante su gestión, el cuerpo legislativo rechazó formalmente el Plan de Inteligencia Nacional presentado por la Secretaría de Inteligencia de Estado, enviando un pliego de observaciones técnicas que el titular del organismo omitió responder de forma sistemática.
El desacuerdo legislativo escaló tras la publicación del DNU N° 941/2025, una medida que generó el rechazo público de la bancada de Propuesta Republicana liderada por Mauricio Macri. Aunque la Justicia Federal desestimó las acciones de amparo interpuestas por particulares al no registrar amenazas concretas inmediatas, el Congreso mantiene el reclamo por la falta de control parlamentario sobre los fondos reservados y las nuevas atribuciones operativas de la secretaría. (Agencia OPI Santa Cruz)