La ex presidenta busca revertir la inhabilitación perpetua impuesta por la Corte Suprema. Sumó a juristas internacionales para someter al Estado argentino al escrutinio externo.
Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, oficializó la presentación de su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. La defensa objetó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en el expediente conocido como “Causa Vialidad“.
La maniobra judicial fue acompañada por una carta abierta publicada en simultáneo en los diarios El País de España y Libération de Francia. En el documento, la ex mandataria argumentó que el proceso interno vulneró garantías constitucionales y definió la condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia como un acto de proscripción política directa.
Para sostener la estrategia internacional, el equipo legal liderado por el abogado Alberto Beraldi incorporó a dos figuras de peso externo. Se sumaron el jurista brasileño Rafael Valim, ex integrante del cuerpo de letrados de Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El escrutinio externo y la queja por arbitrariedad institucional
De acuerdo con los fundamentos del escrito elevado ante las autoridades internacionales, la investigación sobre el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz estuvo viciada por prácticas incompatibles con el derecho de legítima defensa. El documento subraya la existencia de un marco de hostilidad institucional fomentado por lógicas de machismo estructural dentro de los tribunales federales.
El deterioro del sistema democrático fue el núcleo de su descargo.
En las columnas publicadas en la prensa europea, la ex jefa de Estado conectó directamente la aceleración del proceso judicial con el intento de magnicidio perpetrado en su contra el 1° de septiembre de 2022. Según su análisis documentado, el atentado materializó el nivel de violencia política que condicionó la actuación del Poder Judicial durante los alegatos.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento“, advirtió Cristina Fernández de Kirchner en su publicación.
La condena firme y el decomiso multimillonario
El movimiento diplomático ocurre con las instancias de apelación internas completamente agotadas. Durante el mes de junio de 2025, la Corte Suprema había dejado firme la pena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El cerco patrimonial se cerró semanas atrás.
En julio de 2026, los ministros del máximo tribunal desestimaron los últimos recursos presentados por la defensa técnica y habilitaron la ejecución del decomiso de bienes estipulado en 684.990 millones de pesos. Ahora, si el Comité de la ONU admite la queja basándose en los parámetros del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el gobierno nacional será emplazado legalmente para remitir los informes correspondientes sobre la actuación de sus magistrados. (Agencia OPI Santa Cruz)