
(Por: Rubén Lasagno) – Desde hace más de dos años asistimos a acusaciones millonarias, cruces por la coparticipación y portazos mediáticos entre el gobernador Claudio Vidal y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; sin embargo, ninguno cruza la calle para hacer una denuncia en la Justicia. Una radiografía de la polarización pactada entre ambos que busca monopolizar la atención de Santa Cruz de cara a las elecciones y dejar afuera a cualquier otro actor que intente colarse.
En Santa Cruz asistimos nuevamente a un clásico de la política local: la guerra de micrófonos entre el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Grasso. Deudas cruzadas, retención de fondos, acusaciones de asfixia financiera, corrupción y reproches por la gestión copan la agenda pública diariamente, sin embargo, detrás del ruido y la indignación televisada y mediatizada en redes y medios de uno y otro, hay una omisión estruendosa: el silencio en los tribunales.
Resulta insólito que se enuncien públicamente irregularidades contables de semejante magnitud como las del IDUV, la retención indebida de fondos o presuntos recortes en la coparticipación, acusaciones que comprometen el dinero de todos los santacruceños y que ninguna de esas palabras quede plasmada en un expediente judicial. Si las acusaciones son ciertas, denunciar es un deber de funcionario público. Si son falsas, estamos ante un espectáculo irresponsable. ¿Por qué prefieren un canal, un diario o una radio en vez del despacho de un juez?
La respuesta es simple: la Justicia exige pruebas, auditorías y peritajes; los medios solo exigen un buen titular, por lo tanto, llevar la pelea al plano judicial ,implicaría tanto para Grasso como Vidal abrir cajas de Pandora que podrían comprometer la arquitectura contable de ambas administraciones y dañar seriamente sus candidaturas. Por eso, el enfrentamiento se mantiene intencionalmente en un territorio de pirotecnia verbal que tiene como fin hacer ruido, pero sin causar un daño real a ninguno de ellos.
Dos patas de un mismo banco
Pablo Grasso en vez de presentarse en la justicia, accionar legalmente ante los estamentos provinciales y/o ante la justicia divina si hiciera falta, hace declaraciones intrascendentes, inventa marchas de tono político y cuenta con el apoyo del gremio del SOEM que son un solo bloque partidarios. Denunciar formalmente al gobierno provincial por delitos en los que abunda en sus discursos ante los medios, nunca.
Claudio Vidal, por su parte, renueva cada tanto el veraz de Pablo Grasso en el IDUV, pero no denuncia. Las únicas denuncias ante la justicia datan del 2023 por parte del diputado Pedro Muñoz (CC-ARI), causa que se tramita en el Juzgado Penal N°2 y las realizadas por el Dr Sergio Macagno junto con Christian Mansilla contra Pablo Grasso y. su hermana María por su paso en el IDUV, pero el gobierno provincial como tal y a través del cuerpo legal de abogados o de la Fiscalía, nunca hizo una denuncia que realmente tenga entidad e impulse en estos casi tres años que lleva en el poder.
Esta dinámica expone con claridad el cinismo y la hipocresía de la política y en particular de estos dos personajes de la política provincial. Ambos actores se presentan ante la sociedad como víctimas del otro; el Gobernador denuncia la mala administración municipal; el Intendente denuncia el estrangulamiento provincial, pero la realidad es que ambos son eslabones de una misma lógica de poder y hasta diría de un mismo partido de origen (kirchnerismo). Se victimizan en cámara mientras utilizan los recursos del Estado para financiar una campaña electoral anticipada a tres años de los comicios de 2027, como lo vienen haciendo desde que asumieron.
Enfrentamiento simulado
Lo que hoy presenciamos es una polarización pactada. Vidal y Grasso se necesitan mutuamente; funcionan como una simbiosis política por cuanto el conflicto con el rival le da entidad al propio discurso, pero todo es falso.
Cuando estos dos se adueñan (o pretenden hacerlo) del ring mediático y convierten la política provincial en un dilema binario (“o él o yo”), buscan dejar sin oxígeno y sin pantalla a cualquier otra alternativa política en Santa Cruz.
La disputa por la coparticipación y las deudas no es más que una cortina de humo para no hablar de los problemas estructurales que ni la provincia ni el municipio están resolviendo. Mientras no haya carpetas presentadas en la Justicia ni balances transparentes a la vista de los ciudadanos, esta “guerra” seguirá siendo lo que realmente es: un show de sombras donde los dirigentes simulan pelear mientras la sociedad sufre sus corruptelas, sus ineficiencias, sus falta de transparencias y sus inclaudicable amor por la caja pública de donde seguramente ambos saldrán enriquecidos en su retiro político, pero tanto la ciudad como la provincia, seguirán mendigando que los administren con un poco más de cordura y honestidad. (Agencia OPI Santa Cruz)