(Por: Rubén Lasagno) – Vamos a explicar de manera clara y lo más sintética posible, una compleja maniobra legal y política en la provincia de Santa Cruz, mediante la cual el gobierno provincial logró destrabar un decreto para jubilar de manera acelerada (y en algunos casos obligatoria) a 27 funcionarios del Estado. Entre los afectados destacan tres juezas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la máxima autoridad judicial de la provincia.
La “trama” del caso que vamos a sintetizar es cómo el Poder Ejecutivo, a través de una nueva ley procesal y la ampliación de la Corte provincial, logró desarmar un bloqueo judicial para poder jubilar rápidamente a funcionarios y magistradas que no están alineados con la gestión actual.
Es decir que el Gobernador Claudio Vidal apoyado en el concepto socialmente compartido de “cambiar la justicia de Santa Cruz”, lo que realmente hace es cambiar de nombres y sacar a los que están, para poner los jueces propios. Es decir, gatopardismo judicial al palo.
Para entender en qué consiste el escándalo que se ha desatado, hay que comprender el conflicto entre dos normas y cómo intervino la Justicia. Debido a la poca claridad con que algunos medios lo explican, voy a intentar esquematizar el problema, limpiar los argumentos de intricadas explicaciones legales que no permiten visualizar el fondo de la cuestión y llegar al objeto central del problema que metafóricamente podríamos sintetizar diciendo que Claudio Vidal “usó un lanzallamas para eliminar una mosca” porque está claro que el objetivo central es tomar una medida de afectación general y particularmente a la CPS, para sacarse de encima jueces y funcionarios judiciales y políticos que le molestan y poner los suyos en ese lugar.
El origen del conflicto: Decreto vs. Ley
El problema central radica en los tiempos para jubilarse. La Ley 1782 establece que cuando un empleado estatal de Santa Cruz está en condiciones de jubilarse, el empleador puede intimarlo a iniciar el trámite, pero la relación laboral puede mantenerse hasta por dos años antes del cese definitivo.
El Decreto 608/24 Impulsado por el actual gobernador Claudio Vidal, según los argumentos oficiales “busca agilizar este proceso”. Dictamina que una vez concedido el beneficio jubilatorio, el cese de actividades debe darse en un plazo máximo de 30 días. Tras ese plazo, el empleado pasa automáticamente a cobrar como jubilado y deja de percibir su sueldo como trabajador activo.
Ante esto Cristian Sanchez, representante de los trabajadores activos de la Caja de Previsión Social, demandó al Estado argumentando que un decreto del Gobernador no puede pasar por encima de una Ley provincial para reducir los plazos.
El freno judicial Octubre de 2024
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le dió la razón al representante de los trabajadores ante la CPS y en el mes de octubre del 2024 dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del Decreto del gobernador. Por lo tanto las jubilaciones aceleradas quedaron congeladas; es decir, el propio Tribunal le puso un freno judicial al gobierno.
Una nueva ley clave
El gobierno provincial, entonces, logró aprobar la Ley 3947 en la Legislatura en el mes de agosto del 2025. Esta nueva norma establece que las medidas cautelares contra el Estado no pueden ser eternas y les puso un límite máximo de 6 meses.
El cambio de tribunal y el fallo en Julio de 2026
Para este momento, el gobierno provincial había ampliado el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros, logrando una nueva mayoría afín. Esta nueva configuración del tribunal decidió, entonces, aplicar la ley de 2025 a la cautelar de 2024, dictaminando que el freno judicial al decreto vencía en 15 días.
Las jubilaciones exprés
Con el camino legal despejado por el propio Tribunal ahora con jueces V, en agosto del 2026 la Caja de Previsión Social volvió a aplicar el Decreto de los 30 días. En una reunión extraordinaria realizada en la CPS, se aprobaron 27 jubilaciones rápidas de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre ellos las tres juezas K.
Aquí re producimos el listado completo de las jubilaciones compulsivas ordenadas por el gobernador:
Expediente CPS N° 264.580/2017: JANCOVICH, RODOLFO JAVIER
Expediente CPS N° 236.137/2021: CARO, GABRIELA SOLEDAD
Expediente CPS N° 240.718/2022: SEIJAS, FELIPE RENE
Expediente CPS N° 264.488/2017: BERTAGNA, ERNESTO LEONARDO
Expediente CPS Nº 265.776/2018: VILLEGAS, FRANCISCO ALFONSO
Expediente CPS Nº 238.966/2022: ANDRADE MARIA CECILIA
Expediente CPS Nº 264.289/2017: LUNA, OLGA LILIANA
Expediente CPS Nº 260.101/2016: LENNA, COGHLAN, MARIA RAQUEL
Expediente CPS Nº 263.786/2017: SOTO CARLOS RIGOBERTO
Expediente CPS Nº 235.833/2021: BARD GRISELDA ISABEL
Expediente CPS Nº 236.079/2021: BURGI AMELUNG, ANABEL MIRIAM
Expediente CPS N° 253.051/2014: ONTIVERO, GERARDO SERGIO
Expediente CPS Nº 258.935/2026: FERNANDEZ, RENEE GUADALUPE
Expediente CPS Nº 248.475/2024: BUTASSI FELIX ALBERTO
Expediente CPS Nº 241.015/2022: SANCHEZ NELSON ANDRES
Expediente CPS Nº 249.104/2024: DAZA, SONIA
Expediente CPS Nº 257.466/2025: RAMOS MARCELA SILVIA
Expediente CPS Nº 265.537/2018: ACEVEDO, LUIS ALBERTO
Expediente CPS Nº 264.172/2017: MERCAU ALICIA DE LOS ANGELES
Expediente CPS Nº 240.600/2022: PEREZ MANCILLA MARIA DE GRACIA
Expediente CPS N° 236.091/2021: VELAZQUE, NANCY LORENA
Expediente CPS Nº 262.196/2017: ALCAZAR RUBEN EDUARDO
Expediente CPS N° 237.113/2021: BURGOS, CLAUDIO ARMANDO
Expediente CPS Nº 256.212/2025: AHMET ARACELI KARINA ELSA
Expediente CPS Nº 247.554/2023: LOPEZ, GLADIS ESTER
Expediente CPS N° 258.531/2026: LUDUEÑA CAMPOS PAULA ERNESTINA
Expediente CPS Nº 258.815/2026: GARCIA MYRYAM RUTH
El desenlace y el impacto político
El punto crítico (y lo que le da peso político al hecho en sí) es a quiénes se jubiló con esta maniobra.
Al destrabarse el decreto, el gobierno pudo jubilar de forma automática a personas de gestiones políticas anteriores que seguían en sus cargos y lo más destacado: se jubiló de manera compulsiva a tres juezas del Tribunal Superior de Justicia Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, como consta en el listado, quienes paradójicamente habían votado en contra de que se levantara la medida cautelar.
Un hecho más que evidencia la manipulación de la justicia, la Caja y la legislatura es que el juez Daniel Mariani, Vocal del STJ está en las miamas condiciones de Fenrández, Mercau y Ludueña, pero como es parte del staff judicial del gobierno, fue quirúrgicamente extraído de este listado de jubilaciones express.
El gobernador Claudio Vidal, con todo este mecanismo kafkiano, justificó la ampliación del máximo tribunal como una necesidad para ‘cambiar la Justicia’, sin embargo, la primera gran acción de la nueva mayoría fue levantar una cautelar para forzar el retiro de tres juezas que no estaban alineadas con el Ejecutivo.
La verdad
Esto que sucede en Santa Cruz lo podríamos denominar “el operativo retiro” con esta trama de jubilaciones compulsivas que en realidad disimula una purga en el Estado y un plan en tres pasos del gobernador Claudio Vidal para desplazar a la cúpula judicial y barrer el vestigio de los jueces que le estorban.
Sin duda el Decreto 608 del gobierno es una trampa perfecta para destrabar las jubilaciones express y la receta perfecta para esquivarle el freno a la justicia fue la nueva Ley 3947 hecha a medida y especialmente el Tribunal ampliado donde el gobernador Vidal logró imponer mayoría, con lo cual, todo lo relatado aquí, no es ni más ni menos que la crónica de una maniobra que terminó en un laberinto legal con 27 retiros forzados, resultado de la maniobra final del gobernador de Santa Cruz, quien operó entre la cautelar y los despidos encubiertos, usando el mecanismo legislativo y judicial (propio) más la complicidad de las autoridades de la Caja de Previsión Social para acelerar y lograr los retiros que han sido cuestionados judicialmente por los afectados y particularmente en el caso de las Juezas afectadas, están decididas a llegar a la Corte Suprema de Justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)