Un relevamiento legislativo expone tasas de financiamiento que alcanzan el 700% anual aplicadas por plataformas virtuales, mientras el universo de deudores en el sistema no bancario supera los 5,5 millones de usuarios en Argentina.
El bloque de diputados nacionales del Peronismo Federal presentó formalmente una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia para investigar a las principales billeteras virtuales del país por presuntas conductas anticompetitivas, abuso de posición dominante y fijación de tasas usurarias en créditos de consumo. La acción legal apunta contra plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, abarcando la operatoria de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros de crédito registrados ante el Banco Central de la República Argentina.
El escrito judicial y administrativo impulsado por Guillermo Michel, diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, describe un esquema de captura de usuarios en el que la pérdida del poder adquisitivo empuja a trabajadores, monotributistas y jubilados a financiar gastos corrientes y alimentos mediante plataformas tecnológicas. La presentación documenta que el costo del crédito en estas herramientas alcanza en diversos segmentos una tasa del 700% anual, configurando un escenario de morosidad forzada que ya contabiliza más de 5,5 millones de deudores en el territorio nacional.
La acusación técnica sostiene que las compañías denunciadas concentran una posición dominante en el procesamiento de pagos minoristas y el manejo de información transaccional de los usuarios. Esa ventaja estructural les permite cruzar infraestructura operativa con la colocación de financiamiento, bloqueando la competencia de otros oferentes y reteniendo los historiales de pago para impedir que los clientes trasladen su perfil crediticio hacia entidades con menores costos financieros.
La auditoría algorítmica sobre el Banco Central y las plataformas
Los legisladores solicitaron a la autoridad de competencia que intime al directorio del Banco Central de la República Argentina a remitir los registros de participación de mercado, volumen transaccional y la serie histórica de la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total de los últimos 24 meses. El requerimiento exige clasificar cuáles de las empresas operaron por encima de la media del mercado financiero, detallando índices de morosidad y ratios de endeudamiento acumulados por cada firma.
El petitorio incorpora la designación obligatoria de un cuerpo pericial interdisciplinario de informáticos y economistas para auditar los algoritmos de scoring y asignación crediticia de las aplicaciones. La investigación buscará comprobar si las empresas utilizan variables de comportamiento no financiero para discriminar precios o imponer sobrecargos basados en la falta de alternativas bancarias de los consumidores, consolidando barreras artificiales de entrada al sistema financiero.
El encuadre legal de la presentación fundamenta las infracciones en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, el artículo 36 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y las facultades regulatorias de la Ley N° 24.144 que rige la Carta Orgánica de la autoridad monetaria. Asimismo, los firmantes invocaron los artículos 10 y 11 del Código Civil y Comercial de la Nación, que sancionan el abuso de derecho y la explotación de situaciones dominantes.
El expediente, respaldado además por las firmas de los diputados Victoria Tolosa Paz, Ernesto Alí, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin, exige la apertura formal del sumario probatorio y la aplicación de sanciones efectivas con orden de cese inmediato para toda conducta que vulnere las condiciones de competencia en el mercado de crédito. (Agencia OPI Santa Cruz)