El oficialismo acelera la cuenta regresiva en la Cámara alta para blindar un esquema de incentivos fiscales por tres décadas, mientras crecen los cuestionamientos opositores y las advertencias técnicas sobre la resignación de potestades regulatorias del Estado.
El plenario de comisiones del Senado de la Nación retomará este 19 de agosto de 2026 a las 16 en el Salón Azul la discusión final del proyecto de ley conocido como Súper RIGI, instancia previa a la firma del dictamen y su habilitación para el recinto. El debate legislativo es conducido por los senadores Agustín Monteverde, al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Martín Goerling Lara, en Economía Nacional e Inversión, y Nadia Márquez, titular de Legislación General.
La arquitectura normativa diseñada por el Ministerio de Economía apunta a captar mega inversiones extranjeras y nacionales en sectores de frontera tecnológica —tales como energías renovables, biotecnología e inteligencia artificial— que actualmente no se encuentran desarrollados en el país. Para acceder a los beneficios, el proyecto eleva el umbral mínimo de desembolso hasta los 1.000 millones de dólares, un filtro que multiplica por cinco los requerimientos del régimen inicial incluido en la Ley Bases de 2024.
A cambio de este capital, el texto otorga un horizonte inalterable de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por el plazo de 30 años, superando los beneficios tradicionales con una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, una amortización acelerada del 60% de la inversión en el primer año y la eliminación total de derechos de importación y exportación. Asimismo, contempla una disponibilidad progresiva de divisas que habilita a operar con el 100% de los dólares exportados a partir del tercer año de adhesión.
El choque político por la soberanía regulatoria y el Compre Nacional
La fricción institucional se intensificó en torno a la flexibilización de las herramientas de control estatal y el impacto sobre las cadenas de valor locales. Durante las rondas informativas previas, los funcionarios del Poder Ejecutivo Daniel González, Pablo Lavigne y Daniel González Casartelli defendieron la necesidad de instrumentar este régimen ante las dudas planteadas por los bloques opositores y las bancadas dialoguistas.
Desde el bloque justicialista, el senador Jorge Capitanich cuestionó la falta de precisión normativa en la delimitación de las actividades económicas amparadas, advirtiendo que se otorgan prerrogativas extraordinarias a iniciativas que todavía no figuran explícitamente en el mapa productivo nacional. En paralelo, las mayores tensiones con los gobernadores y legisladores provinciales se concentraron en la modificación de la cláusula de Compre Nacional, cuyo texto final suprime la obligatoriedad estricta de destinar un 20% de compras a proveedores locales, condicionándola exclusivamente a la paridad internacional de precios y calidades.
La iniciativa llega a esta instancia tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados el 24 de junio de 2026, donde cosechó 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones. En forma paralela al trámite parlamentario, un colectivo compuesto por docentes, investigadores y representantes de universidades nacionales e instituciones científicas elevó una misiva formal a los legisladores para advertir que el articulado implica la renuncia estatal a regular sectores estratégicos durante una generación completa. (Agencia OPI Santa Cruz)