(Por: Rubén Lasagno) – Nadie duda de que la Justicia en Santa Cruz debe cambiar. El daño generado por décadas de sometimiento político exige medidas contundentes. Pero el fin nunca puede justificar los medios cuando se trata del diseño institucional de una provincia; y esto es lo que el actual gobierno de Claudio Vidal no tiene en cuenta (o si), pero pretende hacerle creer a la opinión pública que aquello que ve y escucha, no es lo que parece y solo ellos (el gobierno) tienen la razón.
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Combatir el amiguismo con más amiguismo y las imposiciones con decretos hechos a medida, es una trampa. Santa Cruz merece una Justicia verdaderamente independiente, donde la balanza no se incline según quién ocupe el sillón de la gobernación. Ya es hora de dejar de cambiar el collar para, de una vez por todas, liberar a la Justicia, que a todas luces en nuestra provincia es una utopía.
Cambiar de dueño no es hacer justicia
Durante décadas, Santa Cruz ha sido el triste ejemplo nacional de lo que ocurre cuando el Poder Judicial pierde su independencia. La Justicia provincial funcionó por más de 30 años, a los ojos de la sociedad y el país, como un apéndice del Poder Ejecutivo, alejándose de las necesidades reales de los ciudadanos y protegiendo intereses partidarios. El consenso social en la provincia sobre la necesidad de un cambio es absoluto e innegable: la Justicia de Santa Cruz necesita, de manera urgente, una transformación profunda.
Sin embargo, los recientes movimientos impulsados por el gobierno de Claudio Vidal encienden una alarma institucional grave. Lo que se prometió como una oxigenación del sistema hoy se asemeja, peligrosamente, a una toma de control utilizando el mismo manual de los vicios que se juraba combatir.
La ampliación y las purgas por decreto
La reciente maniobra para forzar la jubilación de las juezas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y de otros funcionarios judiciales es un claro ejemplo de este pragmatismo desmedido.
Utilizar el Decreto 608 para modificar los alcances de una ley previsional y acelerar la salida de los magistrados que resultan incómodos, sumado a la sanción de leyes a medida para limitar las medidas cautelares que frenaban esta purga, no es un acto de justicia, sino de fuerza.
A esto se le suma el polémico proyecto, hoy convertido en una crisis que escaló hasta la Corte Suprema de la Nación, para ampliar los vocales del STJ de 5 a 9 miembros.
Quienes conocen la historia de Santa Cruz saben que esta película ya se vio: en 1995, Néstor Kirchner amplió la corte provincial de 3 a 5 miembros para asegurarse una mayoría automática y blindar su poder. Treinta años después, el actual gobierno justifica una ampliación idéntica bajo la premisa de “modernizar” un tribunal que consideran dominado por el kirchnerismo.
Pero aquí radica el error fundamental: no se puede desarmar un sistema cooptado simplemente cooptándolo para una facción distinta. Sustituir una “Justicia K” por una “Justicia V” para poblar el máximo tribunal con jueces propios no resuelve el problema de fondo; solo cambia el nombre del administrador de turno.
El verdadero cambio exige transparencia
Para que la división de poderes sea una realidad y no una frase de campaña, los cambios estructurales no pueden hacerse a los empujones, bajo sospechas de amiguismo o forzando los límites de la Constitución. Reemplazar un modelo hegemónico por otro similar anula cualquier esperanza de reconstrucción institucional.
Una verdadera reforma judicial en Santa Cruz debe sostenerse sobre tres pilares innegociables como son la transparencia absoluta en las designaciones donde la elección de nuevos magistrados la cual debe estar sujeta al escrutinio público, priorizando la idoneidad técnica y la independencia política por sobre la lealtad partidaria; la autarquía financiera real, tal como reclaman los propios trabajadores judiciales, por cuanto si realmente se busca eficiencia y transparencia, lo primero que debe garantizarse es la independencia de los recursos económicos del Poder Judicial y finalmente las reformas reales deben comenzar por los juzgados de primera instancia, las defensorías y las oficinas de violencia, que es donde el ciudadano de a pie busca respuestas inmediatas y no las encuentra-
Cambiar la justicia no en la mera disputa por el control político del máximo tribunal, que se reduce a una lucha por el poder de la misma justicia en beneficio de quienes están de turno, antes el kirchnerismo y hoy el vidalismo. (Agencia OPI Santa Cruz)