El requerimiento formal ante los tribunales federales exige incorporar grabaciones que atribuirían la filtración de audios sobre retornos en compras públicas a ex colaboradores presidenciales, mientras la testigo clave permanece bajo internación hospitalaria.
La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una presentación ante la Justicia Federal para solicitar la citación testimonial de Nadia Shirley Beller Delgado, en el marco del expediente que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El planteo procesal reclama que la testigo aporte archivos de audio para determinar la autoría de las grabaciones que dieron inicio a la investigación.
El escrito judicial fundamenta la urgencia de la convocatoria en el estado de salud de Beller Delgado, abogada y analista política de nacionalidad boliviana, quien permanece bajo cuidados médicos hospitalarios tras haber recibido tres impactos de bala en un ataque ejecutado por sicarios. La legisladora Pagano remarcó ante los magistrados la necesidad de asegurar su testimonio antes de que sobrevenga cualquier alteración en su cuadro clínico general.
Desde el establecimiento sanitario donde convalece, Beller Delgado formuló declaraciones periodísticas a Radio Rivadavia en las que responsabilizó al consultor digital Fernando Cerimedo y a su cónyuge Natalia Basil por la difusión deliberada de las grabaciones sobre presuntas coimas. Según el relato de la letrada, la maniobra buscaba exponer irregularidades administrativas vinculadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al mandatario Javier Milei.
Beller Delgado afirmó contar con registros sonoros directos que respaldan sus aseveraciones contra Cerimedo, manifestando que el consultor conoce la existencia de esas grabaciones en su poder. Frente a este elemento probatorio, Pagano requirió al tribunal interviniente que ordene la entrega, resguardo y posterior peritaje de dichas pistas de audio para integrarlas formalmente a la instrucción penal en curso.
En su fundamentación escrita, la diputada sostuvo que los testimonios y las pruebas ofrecidas inciden de manera directa sobre la directiva dictada por la Cámara de Apelaciones. Dicho tribunal de alzada ordenó formalmente a los instructores judiciales esclarecer la procedencia y autenticidad de los archivos sonoros antes de avanzar en la fijación de nuevas responsabilidades funcionales en la administración pública.
La trazabilidad de los testimonios sobre retornos en compras de medicamentos
El expediente penal acumula actuaciones documentales desde septiembre de 2025, fecha en la cual Cerimedo compareció en sede judicial en calidad de testigo bajo juramento de ley. En aquella audiencia formal, el consultor declaró que Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad e imputado en la causa, le había manifestado personalmente la existencia de un esquema de sobreprecios aplicado a la adquisición de medicamentos de alto costo.
Aquella deposición testimonial consignó que un porcentaje de los montos obtenidos mediante sobreprecios en las contrataciones públicas era direccionado de forma directa hacia la Casa Rosada. Las imputaciones originadas en esa declaración motivaron la apertura de líneas de investigación sobre los circuitos de pago estatales, los convenios con prestadores y las firmas farmacéuticas proveedoras involucradas en las compras del organismo descentralizado.
La presentación de Pagano busca contrastar la versión testimonial previa de Cerimedo con los elementos técnicos que Beller Delgado afirma custodiar, estableciendo la cadena de custodia de las grabaciones originales. El juzgado interviniente analiza la factibilidad operativa de comisionar personal judicial al centro de salud para tomar declaración formal a la testigo bajo las medidas de seguridad pertinentes.
La investigación penal continúa radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde las partes procesales esperan la resolución del magistrado respecto al pedido de citación testimonial y la orden de peritaje técnico sobre los soportes digitales mencionados en el escrito judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)